
Un concejal electo de La Libertad Avanza fue detenido por dispararle a su pareja
Se trata de Ignacio Contreras, de 51 años, quien consiguió su banca en las elecciones de septiembre.



(Fuente La Capital) El empresario rosarino Leonardo Peiti obtuvo ayer el derecho a la prisión morigerada en el marco de la causa que, como organizador de una asociación dedicada a regentear el juego ilegal, tiene abierta en los Tribunales de Rafaela. La decisión fue adoptada por la jueza Cristina Fortunato en una audiencia pedida por la defensa del acusado, a cargo de los abogados Luis y Angelo Rossini, y después de que Peiti fuera sometido a una junta médica que determinó que no estaba en condiciones de seguir un tratamiento psicológico y psiquiátrico detrás de las rejas.
Peiti, de 47 años, carga sobre sus hombros cuatro causas con acusaciones similares: la de ser el jefe de una asociación ilícita que tuvo como objeto la organización, administración y explotación económica en forma habitual y contínua de juegos de azar y/o apuestas sin contar con la debida autorización de la autoridad competente defraudando así a la administración pública. Dos de esas causas se tramitan en los Tribunales de Rafaela, otra en Venado Tuerto y una más, que incluye el pago de coimas a agentes del Poder Judicial ya destituidos y apresados, en Rosario.
Pero por un acuerdo al que habían llegado la defensa del empresario rosarino y el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, el imputado transitaba todas esas causas en libertad. Sin embargo, el jueves 25 de marzo pasado el juez de Rafaela Javier Bottero ordenó la detención de Peiti, la que se llevó adelante en su casa de Fisherton. Desde entonces quedó detenido a la espera del avance del expediente.
Denuncia y excusación
En ese marco Peiti, a través de los abogados Rossini, recusó al juez Bottero y presentó una denuncia por prevaricato, un delito que consiste en dictar resoluciones en forma contraria a lo que establece la ley. En este caso, la acusación es que el magistrado usó un hecho falso para justificar la decisión de dejarlo en prisión. Tras ello recusaron al juez solicitando que se aparte de las investigaciones contra el empresario. Ese pedido fue aceptado y Bottero, con fecha 23 de abril, firmó un decreto en el cual sostuvo que “a efectos de aventar cualquier sospecha de parcialidad que pudiera generarse, como asimismo por razones de decoro y delicadeza, excúsome de intervenir en la audiencia de revisión de prisión preventiva del imputado Leonardo Peiti, como también en cualquier petición que involucre al nombrado, debiendo darse intervención al subrogante legal”. De esa manera, lo dictado oportunamente por el juez quedó en estado de revisión ya que su orden de detención contra Peiti “quedó huérfana de contenidos”.
Junta médica
Así las cosas, y tras la junta médica a la que Peiti fue sometido el martes, ayer fue la jueza Fortunatto la que presidió la audiencia en la cual la defensa del empresario rosarino solicitó la morigeración de prisión y el traslado de su cliente a una clínica en la cual pueda ser tratado de sus afecciones psiquiátricas y psicológicas. A pesar de la oposición de los fiscales que llevan adelante el expediente, Guillermo Loyola y Gabriela Lema, la magistrada aceptó la petición con la condición de que el establecimiento médico al que sea trasladado le informe semanalmente de los avances o retrocesos que sufra Peiti, quien dejará la prisión en las próximas horas y tras pasar allí 22 días.
Denunciarán a fiscales
En ese sentido, los abogados Rossini anticiparon que denunciarán a los fiscales Lema y Loyola ante la Auditoría del Ministerio Público de la Acusación (MPA) al entender que actuaron de forma incorrecta al “desconocer un informe del Instituto Médico Legal de Rosario que llegó a los Tribunales de Rafaela por mail y en el cual se aconsejaba el tratamiento de Peiti, y asimismo negar el informe presentado por los peritos de parte de la defensa que asistieron debidamente autorizados a la junta médica de esta semana junto a un perito del MPA”, según dijo Luis Rossini a La Capital.
Además, el letrado manifestó que “los fiscales ahora muestran su ahínco y se negaban a morigerar la prisión de nuestro cliente, pero están en funciones desde 2017, cuando ya había una denuncia por juego ilegal contra el fallecido David Perona, cuya actividad en vida no me compete porque no fue mi cliente, y no hicieron nada hasta que llegaron a Rafaela dos fiscales de Rosario con los oficios correspondientes y recién ahí sacaron del cajón la denuncia y empezaron a trabajar”.

Se trata de Ignacio Contreras, de 51 años, quien consiguió su banca en las elecciones de septiembre.


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Los abogados del gobernador Maximiliano Pullaro solicitaron que el exministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, sea condenado a 10 años de prisión en el marco de la causa por el presunto espionaje ilegal a funcionarios y dirigentes políticos.

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Ocurrió en la esquina de calles Domingo Silva y España poco antes de las 17.

En la ida de los cuartos de final de la Reválida del Federal A, derrotó por 2 a 1 a Guillermo Brown de Puerto Madryn. Los goles tempraneros de Leinecker y Affranchino le dieron tranquilidad. En el complemento aguantó con orden y oficio.

A través de un decreto, derogó una norma que durante más de tres décadas reguló los aranceles de la educación privada. Desde ahora, los institutos podrán fijar libremente sus precios sin autorización previa del Estado.

“El agua y el saneamiento son derechos fundamentales. El Estado debe garantizar que se presten con calidad, equidad y responsabilidad"" dijo el legislador.

A partir de ahora cualquier persona podrá solicitar una licencia de taxi o remise, con el sólo requisito de contar con carnet profesional y vehículo en condiciones. Además, se simplifican trámites y se liberan limitaciones para los titulares de licencias. Los remises modifican su identificación. Tras la aprobación de la normativa, el concejal Carlos Pereira afirmó que “es un cambio histórico consensuado con todos los actores del sistema”.

Según los datos del SIPA correspondientes a agosto de 2025, la provincia contabilizó 509.800 empleos privados registrados, 600 menos que en julio. Desde el inicio de la actual gestión, Santa Fe acumula una pérdida de 13.900 puestos.