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Congelamiento: ¿Cuál es el principal temor de las inmobiliarias? 

Los principales corredores sostienen que estas nuevas medidas disparan el 50% los nuevos alquileres y que reduce la oferta. Además, afirman que la anunciada prórroga de la medida oficial hasta el 31 de marzo prolonga la "parálisis" del mercado y ahuyenta a los inversores. 

Especiales - Guía 28/01/2021 Redacción web Redacción web
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En estos días, el Gobierno nacional confirmó con un comunicado la prórroga, hasta el 31 de marzo, del decreto que congela los precios de los alquileres y también extiende los contratos y prohíbe los desalojos. La medida, tomada en el marco de la emergencia del Covid-19, aplica a los inmuebles de destinados a vivienda única que se encuentren ocupados.  
La prórroga, que fue solicitada por más de 20 asociaciones de inquilinos de todo el país y que recibió el rechazo anticipado de parte de las inmobiliarias, cayó como una pésima noticia para este último sector.  
Los colegios que nuclean a las inmobiliarias e integrantes de entidades como la Cámara de Corredores Inmobiliarios coinciden en que la extensión del congelamiento perpetúa la "parálisis" de la actividad, ahuyenta a más propietarios del esquema de alquiler y, entonces, presiona los precios de los nuevos contratos. En varios sectores aseguran que el efecto combinado de la nueva ley de alquileres (introdujo un nuevo índice para la actualización de precios), sumado a una medida de congelamiento tan extensa, ya estimuló subas de al menos del 50 por ciento en los nuevos contratos, muy superiores a las actualizaciones de 30 por ciento promedio anual que se venían pactando. "Los alquileres de los departamentos, que sufrieron una baja de demanda con la ida de los estudiantes, subieron 30 por ciento entre diciembre 2019 e igual mes de 2020. Pero en el Centro y en barrio General Paz, el aumento en los nuevos contratos llega al 50 por ciento; y en casas y en dúplex de dos y tres dormitorios, una tipología muy escasa y hoy demandada por la gente, los incrementos llegan a 80 por ciento y 84 por ciento promedio". 

Los incrementos

Un panorama similar al descrito por Dahan señala Virginia Manzotti, presidente del Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba (CPI) y vicepresidente del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina (Cofeci). Esta última entidad emitió un comunicado en las últimas horas en el que "expresa su absoluto rechazo a la segunda prórroga del DNU 320/20 de congelamiento de alquileres y desalojos".
En tal sentido, cree que la medida "trae una enorme distorsión y confusión tanto para inquilinos, inmobiliarios y propietarios, generando más desigualdad e incertidumbre, sin aportar soluciones".
"Cuando el inquilino quiere renovar, el propietario aplica 45 o 50 por ciento (de suba) por temor a que no le permiten aumentar a futuro y por la incertidumbre que genera el sistema de ajuste de la ley de alquileres. Esta intervención excesiva del Estado profundiza ese razonamiento. Antes, las subas anuales no superaban el 30 por ciento", explicó.  
La dirigente aclaró que están a la espera de la publicación del decreto de prórroga para precisar si se extiende con todo su alcance o se acota. Además de aplicarse a viviendas alquiladas como residencia única, el congelamiento incluye inmuebles alquilados por monotributistas, mypimes y cooperativas para actividades económicas.  
"Nosotros apoyamos el congelamiento hasta septiembre, porque en el marco de la emergencia nos parecía una medida razonable. Ahora no tiene más sentido y genera más perjuicios que beneficios, además de una bola de nieve para los inquilinos que no están pudiendo pagar", opinó.   
La normativa establece que los aumentos incluidos en los contratos quedan en suspenso y, al igual que alquileres adeudados, deberán ser pagados por los inquilinos en entre tres y seis cuotas mensuales una vez cesado el congelamiento. 
Según el CPI, en Córdoba más del 75 por ciento de los inquilinos abonan en término su alquiler. "Eso muestra que lo más eficiente sería que el Estado generara auxilios para aquellos que realmente no logran cumplir con la renta hoy. La ley prevé la figura de alquiler social, que podría servir y no fue reglamentada", opinó Manzotti.

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