Marcelo Algarbe CalamanteReglamentada la ley de reforma laboral, la CGT presentó un amparo para frenarla. La medida de la central obrera se concretó este viernes, horas después de que la norma sea publicada en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei.
La demanda fue firmada por el triunvirato cegetista y quedó radicada ante el Juzgado Contencioso N° 7, a cargo de Enrique Lavie Pico. Es el mismo magistrado que frenó el capítulo laboral del DNU de desregulación económico 70/23, que firmó Milei apenas asumió su gestión.
La central obrera había anticipado la judicialización de la ley de flexibilización el lunes pasado en una movilización que realizó a la sede de la Corte Suprema de Justicia, frente a Plaza Lavalle. Para la CGT la ley es “anticonstitucional” por violar, entre otros el artículo 14 bis que consagra derechos laborales básicos.
El oficialismo logró aprobar con una mayoría circunstancial aportada por gobernadores aliados y el PRO y la UCR la ley que tiene en el corazón la creación de un Fondo de Asistencia Laboral para pagar las indemnizaciones, pero también recorta las horas extras, ajusta las vacaciones, restringe el derecho a huelga y de asambleas de trabajadores, y permite los convenios por empresas.
“Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional”, había asegurado Jorge Sola, uno de los tres cosecretarios generales de la CGT, al hablar el lunes en la puerta del Palacio de Justicia.
LA CGT sostiene que la nueva normativa vulnera el principio de progresividad o no regresión, que establece que el Estado no puede adoptar medidas injustificadas que impliquen un retroceso en derechos laborales previamente conquistados.
Además, advierte que también se afecta el principio protectorio, basado en la desigualdad estructural que existe entre empleadores y trabajadores y que busca equilibrar esa relación para evitar abusos sobre la parte más débil.
En su presentación, la central sindical afirma que la reforma impacta sobre garantías previstas en el artículo 14 bis de la Constitución, entre ellas la protección frente al despido arbitrario, el derecho de huelga, la negociación colectiva, la libertad sindical, la libre agremiación y la seguridad social.
La CGT también cuestionó disposiciones puntuales del proyecto. Según su interpretación, el nuevo esquema habilitaría jornadas laborales de hasta 12 horas, eliminaría el pago de horas extras y, en consecuencia, podría derivar en una reducción de los salarios.
Por otro lado, criticó que se eliminen sanciones para empleadores que no hayan realizado aportes o que hayan incumplido la legislación laboral. Asimismo, objetó la posibilidad de que las indemnizaciones por despido se paguen en cuotas y a través del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
Con información de agencia NA
