A transar, dicho de otro modo. En cualquier contexto con algún viso de normalidad, esto sería un escándalo.
Veamos por qué. En primer lugar, la legalidad del decreto empieza a nublarse justamente al otorgarle a Fiscalía de Estado la posibilidad de “transar”. Porque precisamente esa negociación abierta entre dos partes implica concesionar posiciones bajo el objetivo de lograr un acuerdo. Y acá lo que existen son deudas consolidadas, judicializadas en algunos casos y señaladas administrativamente por el Tribunal de Cuentas. No hay discusión al respecto. ¿Por qué entonces la Provincia debe ceder?
Segundo aspecto pantanoso: la inexistencia de un marco mínimo donde necesariamente se encuadren estas transas. Es decir: el decreto de Pullaro no pone ningún límite al alcance de los acuerdos y peligrosamente abre una puerta gigante a la arbitrariedad. Puede el fiscal de Estado, en consecuencia, hacer prácticamente lo que se le ocurra al respecto, más duro o más flexible según la cara del cliente.
Lo llamativo es que el argumento que pretende fortalecer el decreto menciona como objetivo “equilibrar la preservación y protección del erario público”. Extraña forma de defensa de los recursos de la provincia: se van a resignar ingresos ya definidos, al habilitar una nueva negociación con eventuales quitas.
Valga la reiteración por si no quedó claro. Se trata de deudas constatadas por el Tribunal de Cuentas, en algunos casos hasta judicializadas. El organismo de control del dinero de los contribuyentes y la Justicia son corridos de un manotazo. En su lugar, aparecen planes de financiación de hasta 36 cuotas. Qué casualidad, los plazos coinciden con el fin del mandato.
