Lula Da Silva decretó la intervención federal en Brasilia hasta el 31 de enero

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, decretó ayer la intervención del Distrito Federal de Brasilia luego de que seguidores del ex mandatario brasileño Jair Bolsonaro invadieron el Palacio de Planalto -sede del Ejecutivo-, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso Nacional.
El decreto de intervención federal en el Distrito Federal regirá hasta el 31 de enero de 2023. La intervención se limitará al ámbito de la seguridad pública.
Lula, quien está de visita en el interior del estado de Sao Paulo, no se encontraba este domingo en Brasilia.
El mandatario nombró como interventor a Ricardo Capelli, secretario general del Ministerio de Justicia, quien será el responsable de toda el área de Seguridad en la capital hasta el próximo 31 de enero y estará subordinado directamente al Presidente.
Con la intervención, los órganos de Policía de la capital pasan a estar controlados por el interventor, que a su vez solo responde ante Lula.
El interventor tendrá poderes para requerir fondos y bienes a disposición del Gobierno regional del Distrito Federal de Brasilia para desempeñar sus funciones, según un decreto leído por Lula.
En una declaración a la prensa, Lula dijo que quien debería haber estado a cargo de la seguridad en Brasilia "no hizo" sus funciones.
El mandatario mantuvo una reunión de urgencia por videoconferencia con los ministros de Defensa, José Mucio Monteiro, Justicia, Flavio Dino, y Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha.
Por otra parte, Lula afirmó que que los "vándalos fascistas" que invadieron las sedes del Parlamento, el Supremo y la Presidencia, en Brasilia, serán "encontrados" y "castigados".
El mandatario progresista calificó de "barbarie" los graves altercados vividos hoy en la capital brasileña por parte de radicales de la extrema derecha que exigen una "intervención" militar.
Además, Lula responsabilizó de los incidentes al ex presidente Bolsonaro, de quien dijo que alienta a sus seguidores a través de las redes sociales.
Agregó que los radicales han sido "estimulados" por el ex gobernante y que "pagarán con la fuerza de la ley" por los disturbios provocados.
"Vamos a descubrir a los financiadores" de esas protestas violentas y de cuño golpista, que "destruyeron todo lo que encontraron a su paso", indicó Lula, quien denunció fallos de seguridad por parte del Gobierno del Distrito Federal de Brasilia.
"La democracia garantiza el derecho de la libertad de expresión", pero "exige que las personas respeten las instituciones", manifestó Lula, quien juró como jefe de Estado de Brasil el pasado 1 de enero.
Patrullas de la Policía Legislativa, que vela por la seguridad en el Congreso, fueron atacadas y las barreras que acordonaban las sedes de los tres poderes fueron destruidas por los manifestantes.
Los actos antidemocráticos piden la intervención militar de las Fuerzas Armadas para derrocar a Lula, quien asumió la Presidencia hace una semana, el 1 de enero.
Los bolsonaristas radicales no reconocen la victoria en las urnas de Lula, quien en la segunda vuelta del 30 de octubre ganó con el 50,9 % de los votos válidos frente al 49,1 % de Bolsonaro.
Las policías del Legislativo y de la Fuerza Nacional de Seguridad, un grupo de elite de agentes de los diferentes estados, lanzaron gases lacrimógenos para dispersar, sin éxito, a los manifestantes, que portaban banderas del país y algunos estaban armados con palos.
Tras los hechos, el secretario de Seguridad del Distrito Federal de Brasilia, Anderson Torres, aliado de Bolsonaro, fue destituido de su cargo este domingo.
"Determiné la destitución del Secretario de Seguridad del Distrito Federal, al mismo tiempo que puse en las calles a todos los cuerpos de seguridad, con la determinación de detener y sancionar a los responsables", afirmó el gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, en sus redes sociales.
Torres es un fiel escudero de Bolsonaro y, según el diario O Estado de Sao Paulo, justo después de asumir la Secretaría de Seguridad de Brasilia viajó a Orlando, en Estados Unidos, donde se encuentra actualmente el ex presidente brasileño.
Tras varias horas, las fuerzas de seguridad trabajaron finalmente lograron recuperar el control de la plaza de los Tres Poderes, donde están las sedes de la Presidencia, el Senado, la Cámara de Diputados y la Corte Suprema.
Algunos de esos radicales, que piden una "intervención" militar que devuelva al poder a Bolsonaro, agredieron a profesionales de los medios de comunicación y a agentes policiales que iban montados a caballo.