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Ley de alquileres: el sector inmobiliario cuestiona los proyectos y va al Congreso

El lunes presentarán su posición. La discusión legislativa quedó trabada.

Nacionales 14/05/2022 Redacción Web Redacción Web
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La ley de alquileres que viene concentrando la atención de los legisladores a la espera de cambios que logren destrabar el mercado, volvió a empantanarse en el Congreso. Básicamente porque existen tres proyectos en danza que no logran homogeneizar una propuesta común. Con lo cual, el tema volvería a tratarse en el recinto, tal vez, la semana viene. Según las inmobiliarias, «ninguna de las tres propuestas contempla los reclamos del sector y, por lo tanto, no solucionarán la problemática de los alquileres».

En síntesis, estos son los proyectos:

 
-El del oficialismo (Frente de Todos). Busca profundizar los lineamientos de la ley vigente desde julio de 2020. No admite la reducción de los contratos a dos años ni la libre pactación de los alquileres. Por el contrario, apunta a inyectar más controles, como la bancarización de los pagos, de parte de los propietarios e incorpora incentivos fiscales para ambas partes con el fin de mejorar la oferta de viviendas.

– El proyecto de Juntos por el Cambio, a diferencia del anterior, propone la libre pactación de los precios entre inquilinos y propietarios pero también que los contratos sean de dos años y los inquilinos tengan opción a quedarse en el inmueble un año más (opcional), según la inspiración lograda desde la Fundación Pensar.

-Finalmente, el proyecto de la diputada Graciela Camaño (Interbloque Federal), plantea los contratos de alquiler con una duración de dos años pero sostiene una fórmula de ajuste escalonada atada, entre otras variables, a a inflación. Algo que, según las inmobiliarias resulta “dificil de entender” y no aporta “previsibilidad” al mercado.

 
Marta Liotto, titular del Colegio Profesional Inmobiliario (CPI), entidad que agrupa a los corredores de la Ciudad de Buenos Aires, explica que “ninguno de los tres proyectos ayuda a que los inquilinos y los propietarios tengan previsibilidad al hacer el contrato”, dice. Por eso, el próximo lunes, la entidad va a enviar una carta a los diputados (tanto del bloque de Caamaño como los de Juntos por el Cambio) que analizan el tema, para proponerles que cada uno baje alguna de las condiciones propuestas para que, finalmente, la ley contemple un lapso de dos años para los contratos y la libre pactación de las locaciones entre las partes. «Éstas son condiciones necesarias para comenzar a reactivar la oferta de inmuebles para locación”, según las inmobiliarias.

“No entiendo por qué el Estado quiere tomar injerencia en esto. Nunca hubo una suba superior al 18% semestral en los contratos», dice Liotto.  Y agrega: «en contratos de locales comerciales que es el segmento más agresivo, el indice está en el 22 al 25 %. Mientras que ahora, para los particulares, que están celebrando contratos bajo la ley actual, el aumento está en el 54% anual directo. Con lo cual, se parte de precios más altos porque el propietario busca un colchon para llegar al año de una forma razonable”, señaló Liotto.

Segun la directiva, “el mercado no fluye con la incertidumbre sino con la previsibilidad”. Por eso, en las ultimas horas, un comunicado del CPI manifestó su “desacuerdo con los proyectos de modificación de la ley de Alquileres que le dio dictamen la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados”.“

 
“Los inmobiliarios sentimos que no fuimos escuchados por los diputados. Necesitamos que los inquilinos y los propietarios sepan cuándo comienza y termina un contrato. Y cuánto van a pagar por el alquiler en cada mes. Si no se tienen en cuenta esas premisas, la política se encamina, una vez más, hacia un fracaso en la reforma de la Ley”, segun Liotto. Finalmente el CPI pidió a los legisladores seguir trabajando en pos de lograr un consenso que contemple las necesidades de todas las partes.

Desde que rige la nueva ley de alquileres, la oferta de inmuebles viene en franca disminución. «Se caen los contratos. Hoy sólo se hacen prorrogas cortas porque los propietarios quieren hacerse del inmueble. Se sienten inseguros y lo primero que hacen es retirar el inmueble del mercado», describió. (Clarín)

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