Condenas por explotación económica de la prostitución

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe condenó dos veces en el mismo año a una proxeneta del barrio Villa Dominga de la ciudad de Rafaela, donde funciona la denominada «zona roja» de la Perla del Oeste. La primera fue en marzo y refiere al secuestro de una embarazada de 19 años, la cual pudo escapar y denunciar lo ocurrido en 2014. La segunda sentencia, dictada esta semana, incluye a un hombre de 52 años, que proveía los medios para que se consumara el delito.
Este miércoles, el juez federal Luciano Lauría condenó a María Guillermina Herrera (33) a 5 años de prisión como autora del delito de «explotación económica del ejercicio de la prostitución, agravado por el abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas»; sanción que unificada a una condena del 12 de marzo de este año, le valió una pena única de 8 años y 6 meses.
Por el mismo delito, fue declarado culpable José Luis Vega (52), a quien le impusieron pena de 5 años y 6 meses de prisión, que purga en el Complejo Penitenciario de Marcos Paz.

Denuncia anónima
La sentencia es el resultado de un juicio abreviado alcanzado entre la fiscal Jimena Caula y los abogados Fernando Sánchez -defensor oficial- y los particulares Hernán Domenella y Pablo Mosconi, con el consentimiento de los implicados Vega y Herrera.
La resolución judicial da cuenta de una denuncia anónima de abril de 2014 en la que se exponía con preocupación la práctica de la prostitución en Rafaela. Cuatro años tardaron en definir la competencia entre la justicia provincial y federal, hasta que en mayo 2018 la Cámara Federal de Rosario decidió quedársela.

Para ese entonces se acumularon seis expedientes bajo la materia «trata de persona», en los que aparecían nombres y direcciones, algunos de los cuales se repetían en forma cíclica como parte de un engranaje en el sistema prostibulario rafaelino.

Once allanamientos
Entonces, tras identificar a los presuntos responsables de la red dedicada a la explotación sexual de mujeres, el 25 de mayo de 2019 se ordenaron once allanamientos, la mayoría de los cuales se llevaron a cabo en un radio de cuatro manzanas conformadas por las calles Jaime Ferré, Lavalle y Ramón y Cajal del barrio Villa Dominga. Más de un centenar de gendarmes participaron del megaoperativo en el que fueron detenidos Vega y Herrera, quienes resultaron procesados y el año pasado la causa fue elevada a juicio. «Se encuentra probado que cuanto menos desde el mes de mayo del 2018 hasta el 25 de mayo de 2019, Vega y Herrera se beneficiaron económicamente del comercio sexual de cuanto menos tres mujeres que desarrollaban su actividad en el domicilio de calle Edison 244 de la ciudad de Rafaela», afirma el juez Lauría.
Para el magistrado, «Vega también obtuvo beneficios económicos provenientes del ofrecimiento sexual realizado por otras cinco mujeres en el domicilio de calle Alvear 1384 de la misma ciudad, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de cada una de ellas».

Reparto de roles
En el reparto de roles, Vega era «quien proporcionaba el sitio para que residan y ejerzan la prostitución» y Herrera «se encargaba de la organización y administración». Ello quedó acreditado en gran parte en los allanamientos de 2019, cuando se secuestraron «preservativos con y sin uso, geles íntimos y documentación con anotaciones relacionadas a cifras diarias, gastos, deudas y referencias».
En síntesis, pudo acreditarse que «tanto del domicilio de calle Edison como el de Alvear, los encartados obtuvieron un porcentaje considerable del dinero recaudado como consecuencia de los pases realizados por las víctimas, permitiendo a ellas disponer libremente de éste sólo luego de que se realizaran los descuentos establecidos, que -conforme se ha acreditado- consistían en el cincuenta por ciento del valor de cada «pase», que en ese entonces oscilaban entre 400 y 1.500 pesos. 
Para la Justicia, Herrera y Vega, «se beneficiaron económicamente de la explotación sexual de las mujeres a quienes bajo la fachada de proporcionarles un sitio donde realizar sus actividades, cobraban retenciones y cánones propios del accionar delictivo que reconocieron ante la fiscal auxiliar».

Por drogas
En realidad, María Guillermina Herrera (33) fue condenada por primera vez en el fuero federal el 12 de octubre de 2018 en una causa de drogas. En aquella oportunidad los jueces José María Escobar Cello y Luciano Lauría del TOF local le impusieron dos años de prisión en suspenso por el delito de «tenencia simple de estupefacientes» cuando la detuvieron en 2017, otra vez junto a su madre Stella Maris Peralta, con 74,3 gramos de cocaína. En total, fueron 13 las personas que recibieron condenas que oscilan entre 1 y 4 años de prisión por los delitos de confabulación para el tráfico y tenencia simple de estupefacientes.

Dos chicas secuestradas
El 12 de marzo de 2021, es decir siete meses antes del reciente fallo, el mismo Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó a María Guillermina Herrera por el delito de trata de persona. En esa causa fueron sentenciados además, su madre Stella Maris «la rusa» Peralta (58); y los santotomesinos Andrés Hilario González (39) -preso en Coronda- y su padre Hilario Andrés González (77) -con arresto domiciliario-.
Los cuatro participaron, por separado, en los secuestros de dos adolescentes, cometidos en 2008 el primero y 2014 el segundo. Ambas causas se acumularon por tratarse de los mismos involucrados en las maniobras delictivas. 
El 19 de noviembre de 2008 una madre denunció la desaparición de su hija en la Comisaría 1ra. de Coronda. Dos meses después, recibió un llamado en el que le cuentan que su hija estaba en Rafaela ejerciendo la prostitución; y que iba a ser enviada a Santo Tomé para luego seguir viaje hacia La Plata. La alerta permitió montar un operativo de rescate, que se concretó el 16 de enero de 2009 en una vivienda del barrio El Chaparral de Santo Tomé.
Una década después, el 10 de octubre de 2019, se ordenó la clausura de la instrucción y elevación a juicio de la causa. Había pasado tanto tiempo que la maniobra volvió a repetirse, incluso con los mismos implicados, que tras quedar en prisión preventiva un tiempo recuperaron la libertad. 
La segunda causa se inició el 21 de mayo de 2014, cuando una joven de 19 años que estaba embarazada, le contó a la policía de Santa Fe que acababa de fugarse una red de prostitución que funcionaba en Rafaela.
Por ese episodio fueron citadas a declarar Stella Maris Peralta y María Guillermina Herrera, las cuales fueron procesadas en octubre de 2019 y la causa se elevó a juicio al año siguiente. 
En su sentencia, el tribunal privilegió «como elemento de prueba contundente el testimonio de las dos víctimas». En el caso de la última «se ha acreditado que Peralta y Herrera mantuvieron en contra de su voluntad a MGR -de 19 años de edad y embarazada al momento de los hechos- en el domicilio de Jaime Ferré N° 29 de Rafaela, desde el 16 al 21 de mayo de 2014, fecha en que logró escapara; y que allí la obligaron a ejercer la prostitución utilizando amenazas para ello».
Por el primer caso Andrés Hilario González fue condenado a 4 años de prisión (que unificada con una pena anterior se elevó a 5 años) como autor de trata de persona agravada; su padre Hilario Andrés González recibió 2 años de prisión como partícipe secundario y Stella Maris Peralta la pena de 6 años de prisión por su intervención en los dos hechos. En tanto María Guillermina Herrera fue condenada a 5 años de prisión por «trata de personas agravada por haber mediado amenazas y por hallarse la victima embarazada».

Santafesinas y dominicanas
Ocho mujeres fueron rescatadas en los allanamientos de mayo de 2019, cinco de las cuales eran de la ciudad de Santa Fe y las tres restantes provenían de República Dominicana, todas bajo «evidentes indicadores de vulnerabilidad» de los que Vega y Herrera «se aprovecharon para obtener el beneficio económico».
Las que residían en la calle Edison 244, eran oriundas de la ciudad de Santa Fe, tenían hijos menores a su cargo, no habían concluido nivel primario educativo y se involucraron y fueron víctimas desde muy jóvenes del circuito prostituyente. En lo que respecta a las mujeres halladas en calle Alvear 1384, se repiten las mismas condiciones, refiriendo todas ellas ser la principal fuente de subsistencia de sus hijos, quienes se encontraban en sus ciudades y país de origen al cuidado de sus familiares.
«No puedo soslayar que entre ellas se encontraban mujeres de nacionalidad dominicana, quienes reconocieron el hecho de haber comenzado a estar en situación de prostitución en un intento por resolver las necesidades económicas urgentes de sus familias», valoró el juez Lauría.