Muchachos de cuello blanco

Es muy interesante el dato que salió a relucir el jueves cuando una fiscal contaba por qué la causa del vaciamiento al Banco Provincial de Santa Fe (BPSF), un delito por 500 millones de dólares cometido de manera sistemática desde la cúpula de la entidad en la década del 90, no debe prescribir. El juez Pablo Busaniche a fines del mes pasado resolvió que el expediente debe ir al archivo sin que ninguno de los sospechosos haya sido nunca ni siquiera indagado. La fiscal sostuvo que la empresa Piedras Blancas SRL, de Dante Osvaldo Busaniche, se encuentra entre un grupo de treinta de los principales deudores que más perjuicio la causaron al banco. Es el padre del juez.

Lo que pasó en el BPSF fue una acción deliberada de miembros de sus directorios denunciados por la comisión gremial interna del banco el 24 de julio de 1990. Se acordaron créditos a personas que no tenían solvencia financiera para afrontarlos. Y se hicieron traspasos de fondos sin justificación al gobierno de la provincia. Un año después de la denuncia sindical, el banco fue transformado en una sociedad con mayoría estatal. Desinflado de fondos y de capacidad poco más tarde fue privatizado.

La fiscal Mariela Jiménez al apelar la prescripción subrayó el hecho de que ninguno de los veinte sospechados de este delito de guante blanco fue convocado jamás a una imputativa. La omisión de investigar de toda la Justicia en la provincia con este caso fue asombrosa. Durante años los expedientes estaban parados. Y durante ese tiempo no pocos de esos funcionarios públicos siguieron ocupando posiciones de poder en la provincia. Algunos incluso funciones en el Estado. Uno de los integrantes de un directorio del BPSF que acordó préstamos a altísimo riesgo hasta hacer explotar la cartera morosa del banco es Julio Alzueta. El escrito de la fiscalía dice que permaneció desde los 90 en forma ininterrumpida en la función pública. Actualmente es juez de la Cámara Laboral en la Justicia de la provincia de Santa Fe. Para llegar a ese cargo sorteó con éxito un control social, judicial y político. Los legisladores le dieron su aval y el mismo Poder Ejecutivo lo promovió.

El delito de guante blanco o de los poderosos tiene el beneficio de una sólida construcción social. Y es que en el intercambio corrupto no hay víctimas y que los perpetradores no son percibidos como delincuentes. Esto suele pasar porque las afiliaciones sociales de los grupos que delinquen y que definen comportamientos como delitos son las mismas. Dirigentes políticos, hombres de negocios y operadores judiciales comparten procedencia y homogeneidad cultural. Ninguno de ellos inspira el temor de los criminales porque no concentran los estereotipos de los delincuentes comunes.

«Esa comunidad estrecha de hombres de negocios que cometen delitos con hombres de poderes del estado se entrecruzan. Directivos de grandes empresas o familiares ocupan cargos en los poderes estatales. Amistades personales sellan los mundos empresariales y políticos. Se favorecen con mismos grupos de profesionales como abogados, contadores y escribanos que asesoran a legisladores, funcionarios y empresas. Todos estos elementos están presentes en el entramado que posibilitó tanto el vaciamiento del banco provincial, la privatización y hasta hoy la impunidad penal de sus perpetradores», observa Gustavo González, investigador del programa Delito y Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

La aureola que amortigua los delitos de los poderosos también se nota en Vicentin. La empresa tomó créditos públicos mientras su titular, Alberto Padoan, era presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario. Entró en concurso de acreedores con una deuda de 1.400 millones de dólares mientras ocho ejecutivos fugaban dinero a cuentas en Bahamas, Islas Vírgenes y Estados Unidos. Dejó un tendal de casi 2.700 acreedores que aún no saben cuándo cobrarán, pero el reproche social hacia esa conducta fue mínima. Esa estrecha comunidad entre Justicia y empresarios se vio de una manera alucinante el miércoles de la semana pasada. Dos de los directivos de mayor confianza del presidente de Techint, Paolo Rocca, admitieron haber entregado un millón de dólares de sobornos en ocho pagos a Roberto Baratta, funcionario del Ministerio de Planificación en 2008. Los tres de Techint terminaron sobreseídos por la Cámara Federal porteña porque se consideró que lo hicieron «en estado de necesidad». El que recibió el soborno sigue en el trámite. Los tres del mayor holding de Argentina que lo entregaron quedaron despegados. El fiscal Carlos Stornelli no apeló, por lo que el fallo quedó firme.

Los ataques a la ley de los poderosos tienen el barniz de no ser percibidos como los ataques a personas o a cosas como un homicidio o un robo en una vivienda. Pueden durar mucho en el tiempo sin que alguien en particular se sienta víctima. Y en la Argentina, muy claramente en Santa Fe, se consolidaron esas capacidades estatales de no meterse con estos entramados delictivos. Y muchas veces parece tener que ver ese lazo social que vincula a los poderes empresariales y políticos. Y que da lugar a una simbiosis entre lo legal y lo ilegal.

Ayer a mediodía en Rosario un exdiputado provincial, Darío Scataglini (PJ), fue imputado por ayudar a que una organización dedicada al juego clandestino movilizara influencias políticas para acceder legalmente a tener máquinas de juego online en la provincia. La jueza Eleonora Verón fue lapidaria luego de que le expusieran la evidencia. Sostuvo que era un caso de corrupción gravísimo. Señaló que la prueba obtenida no había sido cuestionada. Que era funcionario público cuando presuntamente traficó influencias con ese propósito y auguró una posible pena de prisión efectiva por los tratados internacionales vigentes sobre delitos de corrupción con funcionarios públicos. La jueza le prohibió tener contacto con el senador provincial Armando Traferri (PJ), a quien los fiscales quieren imputar en esta misma causa hace diez meses. Pero un pacto de legisladores tanto radicales como justicialistas lo impide. Scataglini, mientras tanto, se enfrenta a una posible pena efectiva, sostuvo la jueza, pero no lo dejó detenido.

A una semana de las elecciones las instituciones devuelven estas desmesuradas parcialidades y protecciones a favor de los poderosos a la vez que se invita a renovar la fe en ellas. El delito que fundió al Banco Provincial y brindó impunidad a quienes lo hicieron implicó la articulación de actores empresariales, de financiadores de campañas, de políticos que designaron a directores de bancos, de empresarios de prensa en coalición con sus intereses, de jueces y fiscales montando simulacros de investigaciones penales. Las conexiones de intereses llegan hasta que el juez que archiva la causa es heredero directo de un empresario deudor del banco. El daño económico fue exorbitante aunque pocos o nadie se perciban como víctima. Con los fondos escamoteados por los directorios, según cálculos de 2017, se habrían podido construir 730 escuelas, 32 hospitales, 43.500 viviendas o asfaltar 2.800 kilómetros de rutas.

La democracia se basa en una ficción orientadora que habla de un contrato. Esa promesa en la cada vez más costosa tradición liberal habla de una igualdad entre sujetos portadores de derechos y obligaciones. Y en la creencia de que el marco institucional asegurará, más o menos, una apariencia de esa igualdad. Casos como el del Banco Provincial, como el de los fueros que protegen a algún legislador, como el del sobreseimiento a empresarios todopoderosos y coimeros, a esa ilusión la hacen pelota. Y es la legitimidad democrática la que se va por la rejilla. Lo dice así el sociólogo político alemán Clauss Offe en relación con la alienación política que producen estas dinámicas cuando son corruptas: «Los legisladores y los administradores adquieren una serie de conocimientos específicos que los separan cada vez más de los ciudadanos comunes. La corrupción acelera esta tendencia y agudiza sus rasgos. En un sistema político corrupto el mandato de los ciudadanos se enfrenta a una situación donde no solo el resultado de las decisiones es incierto, sino que el poder real de aquellos que toman las decisiones se desconoce».

En el intercambio corrupto los poderosos se la llevan de arriba. A 31 años de la denuncia por el vaciamiento del Banco Provincial no existe un empresario, directivo o político llevado a proceso. Ese desfalco llevó a que un acuerdo entre PJ y UCR privatizara la herramienta financiera de la provincia entregándolo a un grupo económico, los hermanos Rohm, acusados de lavado de dinero. La legalidad, una vez más, amparando la ilegalidad. Fue también un dirigente del PJ, Jorge Obeid, el que impulsó la comisión Nogueras que echó luz sobre el destrozo del BPSF, aunque esa contribución no haya servido para impulsar una búsqueda que supere la desvergüenza de nuestro Poder Judicial. Algunos encubrieron, otros omitieron, otros callaron. Acciones de cuello blanco sin víctimas aparentes más que las instituciones. Buenos muchachos.

PD: Las personas sobre las que la fiscalía pide respondan sobre el vaciamiento del BPSF son Julio Alzueta, Nicolás Baclini, Pedro Buchara, Luis Alberto Buffa, Juan Carlos Carraro, Fermín de Isla, Osvaldo Depiante, Loris Donati, Roberto Simón Fattal, Eber Santos Fior, Ricardo Frisco, Jorge Gómez, Rubén González, Hernán Ingaramo, Carlos Jaskelioff, Juan José Adalberto Juri, Enzo Larosa, Gustavo Alberto Lupa, Ricardo Maskivker, Rodolfo Morcillo, Luis Orgnani, Juan Mario Quagliotto, Fernando Alberto Ramseyer, Luis Romairone, César Rosman, Emilio Sánchez García, Juan José Spinaci, Rodolfo Eduardo Vacchiano, Orlando Vignatti. En la nómina no se consignan nueve directivos que fallecieron. El telón de impunidad largamente desplegado en la causa no evita que a todos se los presuma inocentes.

Fuente y foto: La Capital