Solo en el mes de junio, la Guardia Rural realizó más de 700 procedimientos por delitos de abigeato, contra la propiedad, caza de especies prohibidas, portación indebida de armas de fuego, infracciones y otros delitos cometidos en la provincia.
Sucesos 06/07/2021
Redacción web
La Dirección General de Seguridad Rural Los Pumas, dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia, realizó diferentes procedimientos para prevenir delitos rurales.
En el mes de junio, los Pumas llevaron adelante un total de 834 imputaciones por delitos de abigeato, robos, tenencia indebida de armas; también por contravenciones e infracciones a leyes provinciales y nacionales de protección y conservación de la fauna y la flora silvestres, así como violaciones a disposiciones de Senasa, Assal y Afip. Estas imputaciones se dieron en el marco de 787 procedimientos positivos realizados por la fuerza policial en toda la provincia.
En el marco del cumplimiento de la Ley Provincial 4.830, que prohíbe la caza de animales de la fauna silvestre en todo el territorio de la provincia, así como el tránsito, comercio e industrialización de sus cueros, pieles o productos, la Guardia Rural Los Pumas realizó 350 procedimiento, y decomisó 99 animales en el mes de junio.
A su vez, la fuerza policial también decomisó 83.500 kg de leña, 33.000 kg. de carbón y 15.700 kg de vigas, en el marco de la Ley Nacional 13.273, de defensa, mejoramiento y ampliación de los bosques.
Además, fueron decomisadas 7154 especies ictícolas, en cumplimiento de la Ley Provincial 12.212, de manejo sustentable de los recursos pesqueros.
Fruto de los diferentes procedimientos realizados por Los Pumas, pudieron secuestrar un total de 16 armas de fuego y 150 municiones de diferente calibre, durante el mes de junio.
Además, por contravenciones, la fuerza policial secuestró 323 animales, 108 kg de carne de diferentes animales; y 29.500 kg de cereal.
Juan Carlos Bravo y Brian Nahuel Bravo deberán cumplir cinco años y cinco meses de prisión mientras que Kevin Nicolás Bravo, tres años. Las penas son de ejecución efectiva y fueron ordenadas por el juez Javier Bottero en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos. El fiscal que llevó a cabo la investigación es Martín Castellano.
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