Marcelo Algarbe CalamanteEn un fallo de alto impacto político y judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la medida cautelar que obliga al Estado Nacional a aplicar dos artículos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución, que lleva la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó el recurso interpuesto por el Poder Ejecutivo al considerar que aún no existe una sentencia definitiva sobre el fondo de la causa.
De este modo, se mantiene vigente la orden judicial que exige actualizar los haberes del personal docente y no docente, así como recomponer los programas destinados al estudiantado. La batalla legal se había iniciado tras un amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y diversas casas de altos estudios contra el Decreto 759/2025, una normativa del Ejecutivo que condicionaba la aplicación de la ley a la previa asignación de fuentes de financiamiento específicas.
Anteriormente, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal había advertido que el Gobierno no logró desvirtuar los derechos invocados por las universidades, subrayando que el Congreso había insistido en la ley y que su incumplimiento generaba un "perjuicio grave al derecho de enseñar y aprender".
A pesar de la relevancia institucional del fallo, los ministros de la Corte se limitaron a resolver una cuestión procesal sin pronunciarse todavía sobre la constitucionalidad del decreto presidencial, trámite que continuará por separado.
En términos financieros, la resolución no genera nuevos efectos económicos inmediatos. Esto se debe a que el pasado 10 de junio el Gobierno ya había firmado un acta de compromiso con gremios y universidades que contemplaba:
Un incremento de la masa salarial del 24,33%.
Una suba del 20% para gastos de funcionamiento.
Ampliación de partidas para hospitales universitarios y una actualización del 50% en las becas Manuel Belgrano.
La cautelar ratificada por la Corte alcanza específicamente a los artículos 5 y 6 de la ley (actualización salarial retroactiva al 1º de diciembre de 2023 y recomposición de programas estudiantiles). Por el momento, quedan afuera del amparo la recomposición presupuestaria integral para los períodos 2024 y 2025 y otros gastos de fortalecimiento.
Impacto en el oficialismo
En los despachos oficiales el fallo provocó un marcado malestar. Fuentes gubernamentales calificaron el revés judicial como "costoso y de difícil cumplimiento", estimando un impacto fiscal de 1,3 billones de pesos. El ministro de Economía, Luis Caputo, ya había advertido previamente sobre la falta de partidas presupuestarias específicas. El escenario reavivó las críticas internas en el oficialismo respecto a la estrategia judicial desplegada (que incluyó recusaciones a jueces y pedidos de apartamiento a ministros de la Corte por ejercer la docencia) y aceleró los debates para impulsar una nueva ley en el Congreso alineada con el ajuste fiscal.
La comunidad universitaria recibió la noticia con alivio y satisfacción tras meses de extrema tensión. Franco Bartolacci, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, celebró el fallo a través de los canales institucionales y luego se confesó profundamente conmovido en declaraciones radiales a Alejandro Berkovich (Radio Con Vos).
"Es una noticia extraordinaria que estábamos esperando", señaló Bartolacci, quien detalló que habían presentado un pedido de pronto despacho días atrás. "Pone en evidencia lo relevante que es ser consecuentes en el camino: firmes, responsables y serios para defender algo que tanto bien le hace a la Argentina".
Al ser consultado sobre el costo personal de este proceso, el presidente del CIN se quebró al aire al denunciar campañas en su contra:
"Hemos tenido que soportar muchas cosas muy injustas. El hostigamiento sistemático y permanente es la manera en la que hoy parece que se discuten las cosas. Para muchos termina siendo efectivo, porque cuando te hostigan tanto terminás bajando la voz y agachando la cabeza. Nunca va a ser mi caso. No es fácil que te hostiguen a vos, a tu familia, a tus hijos, y que se digan cosas tan injustas de una institución tan maravillosa cuando sabés el enorme esfuerzo que hace la gente".
Finalmente, el referente universitario remarcó que este logro es solo "un paso más" en una discusión estructural que sigue abierta: "Nos ha tocado discutir estos temas con gente que cree que el Estado no tiene que destinar un solo recurso. Desde Sarmiento para acá, la columna vertebral de la Argentina es la educación pública que iguala. Yo lo que quiero es que los pibes que vengan tengan las mismas posibilidades que tuvimos nosotros".
Las negociaciones salariales entre el Gobierno y las universidades continuarán formalmente el próximo 15 de septiembre, fecha fijada para el cierre del cuarto intermedio pactado en la última paritaria. Con información de Radio Universidad FM 97.3.
