Marcelo CalamanteEn su reunión del 23 de febrero, que fue presidida por el presidente Javier Martín, representantes de centros industriales, cámaras sectoriales y empresas asociadas coincidieron en que las actuales condiciones macroeconómicas configuran “una ecuación de alta complejidad” para el sostenimiento de la actividad.
Los datos difundidos por la federación resultan elocuentes. En diciembre de 2025, la actividad industrial registró una caída interanual del 9,8%, con el 68% de las ramas manufactureras en retroceso.
El proceso no es coyuntural. Entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, en la provincia se perdieron 292 industrias y más de 7.700 puestos de trabajo industriales, lo que representa una baja del 4,9% en la cantidad de empresas y del 5,6% en el empleo sectorial.
Para FISFE, estas cifras reflejan un proceso de desindustrialización que amenaza la subsistencia del entramado productivo santafesino. La entidad remarca que en provincias como Santa Fe, donde la industria constituye uno de los principales motores económicos, la caída de la producción genera un efecto multiplicador negativo que impacta de forma directa sobre el comercio, los servicios y el empleo.
Las causas señaladas
El diagnóstico de la federación apunta a tres factores centrales:
• Altas tasas de interés, que encarecen el financiamiento productivo y dificultan tanto la inversión como el capital de trabajo.
• Apreciación cambiaria, que abarata los productos importados y aumenta la competencia externa en el mercado interno.
• Debilitamiento del consumo, producto de la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos.
El resultado es un escenario donde muchas industrias operan con márgenes mínimos o directamente en pérdida, enfrentando dificultades para sostener su estructura y sus planteles laborales.
Impacto en el entramado productivo local
La advertencia de FISFE no resulta abstracta para ciudades de fuerte perfil industrial como Rafaela. El entramado manufacturero local —históricamente vinculado a la metalmecánica, la maquinaria agrícola, la industria alimenticia y autopartista— también acusa señales de tensión: caída de pedidos, reducción de turnos, suspensión de inversiones y creciente cautela empresarial.
En un distrito donde la industria tiene un peso estructural en la generación de empleo formal, cualquier retracción prolongada repercute de manera directa en la dinámica económica general. Menos producción implica menos transporte, menos consumo en el comercio local y menor circulación de recursos en toda la cadena.
El escenario, además, impacta en las pequeñas y medianas empresas, que suelen tener menor espalda financiera para atravesar períodos prolongados de retracción y mayores dificultades para acceder a financiamiento competitivo.
Reclamo de una política industrial
Ante este panorama, el Consejo Directivo de FISFE reclamó con urgencia la implementación de una política industrial a nivel nacional que garantice condiciones de competitividad y frene el deterioro productivo.
Entre los ejes planteados se encuentran la necesidad de facilitar una “inserción inteligente” en los mercados globales, defender a los sectores transables de la competencia desleal, igualar condiciones en materia de costos logísticos, financiamiento e impuestos, y promover la recuperación del mercado interno.
El planteo se inscribe en un debate más amplio sobre el rumbo económico y el rol de la industria en el modelo de desarrollo. En Santa Fe —y particularmente en polos industriales como Rafaela— la evolución de esta discusión no es menor: de ella depende, en buena medida, la sostenibilidad de un tejido productivo que durante décadas fue sinónimo de empleo privado formal y crecimiento regional.
Mientras tanto, las cifras exhiben un dato concreto: la industria santafesina atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años, y el margen para sostener el actual nivel de actividad parece cada vez más estrecho.
