Redacción Web
Durante el transcurso de una audiencia de medidas cautelares desarrolladas en la mañana de este jueves en los Tribunales locales, la Jueza de la IPP, Dra. Cristina Fortunato, decretó la prisión preventiva sin plazos para un violento sujeto que en las últimas horas había intentado abusar de su pareja en un hecho ocurrido en la localidad de Colonia Aldao de acuerdo a lo que pudo saber Diario CASTELLANOS. La medida fue solicitada en su momento por la Fiscal Gabriela Lema y aceptada por la magistrada.
Aunque sobre el particular y por tratarse de un delito de instancia privada no se proporcionó información oficial, este Diario pudo saber por fuentes consultadas, que en las últimas horas una mujer vivió momento de gran incertidumbre y mucho temor cuando su pareja la golpeó salvajemente e intentó abusarla, al parecer luego que ella se negara a mantener relaciones sexuales.
De acuerdo a lo relatado a CASTELLANOS, el violento individuo habría querido intimar con su pareja tras golpearla y desvestirla. Pero como ella tras esos episodios se habría negado, el sujeto volvió a agredirla salvajemente y luego de ello la arrastró por el piso tirándola del pelo. Finalmente la víctima logró escapar y solicitar ayuda, para luego dirigirse a la Comisaría Nº 11 de esa población donde radicó la denuncia correspondiente. Tras ello los uniformados detuvieron al autor del hecho y ahora la Jueza le decretó la prisión preventiva sin plazos.
Quedó en prisión preventiva una mujer de 34 años, cuyas iniciales son GIH, que es investigada como autora de los delitos de estafa, hurto y chantaje cometidos en Rafaela. También se le endilga la autoría de defraudación, resistencia a la autoridad y lesiones.
La medida cautelar fue dispuesta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Javier Bottero, a raíz de un pedido formulado por el fiscal Guillermo Loyola en una audiencia que se llevó a cabo en los tribunales rafaelinos.
El funcionario del MPA, que está a cargo de la investigación, afirmó que «el magistrado entendió que hay elementos de convicción para presumir que la mujer cometió los ilícitos que le endilgamos». Al respecto, agregó que «hizo lugar a nuestro pedido y rechazó un requerimiento de la Defensa para que la medida cautelar se cumpliera de forma domiciliaria».
El fiscal contó que «los hechos ilícitos que investigamos fueron cometidos entre marzo de 2019 y noviembre de este año». Loyola expuso que «el mes pasado, la mujer investigada compró dos motocicletas con cheques a su nombre emitidos sin fondos», y detalló que «estafó a un comerciante de Rafaela por 552.500 pesos». En relación a ello, relató que «engañó al vendedor diciéndole que había cobrado el dinero por haber ganado un juicio y lo instó a comunicarse telefónicamente con alguien que se hizo pasar por abogado y confirmó la versión de la imputada».
Por otro lado, narró que «en dos oportunidades, quien quedó en prisión preventiva utilizó una tarjeta de débito sin el consentimiento del titular», y aclaró que «la mujer obtuvo el medio de pago a raíz de que el dueño lo había extraviado junto con su DNI». Añadió que «según el registro de operaciones bancarias, la víctima fue perjudicada en 15.000 pesos».
«Además, a la mujer se le atribuyen dos hurtos», aseguró Loyola. «En una oportunidad, junto a otra persona se apoderó ilegítimamente de un juego de llaves y documentación personal del propietario de un restaurante». Narró que «la imputada luego fue con su acompañante al local comercial y se llevaron sin autorización 900 pesos en efectivo. El otro hurto tuvo lugar en una estación de servicios de la localidad de Vila (departamento Castellanos),» detalló. «La mujer investigada sustrajo una cartera que estaba sobre un mostrador y contenía 10.000 pesos, tarjetas bancarias, documentación y objetos personales de la víctima», indicó.
Loyola también se refirió a los otros ilícitos cometidos por la mujer. En tal sentido, señaló que «a un hombre le exigió el pago de 28.000 pesos a cambio de no realizar imputaciones en contra de su honor».
Por último, el fiscal planteó que «la mujer investigada fue detenida en la vía pública de Rafaela el miércoles de la semana pasada». Al respecto, mencionó que «cuando los uniformados a cargo del procedimiento le informaron que quedaba privada de su libertad por orden de la Fiscalía, comenzó a gritar y se negó a ser esposada. En el marco de un forcejeo con el personal de las fuerzas de seguridad a cargo de la tarea, hirió en un brazo a una subinspectora de policía», puntualizó el fiscal.
A la imputada se le atribuyó la autoría de los delitos de estafa; hurto agravado (por el uso de una llave sustraída); hurto simple; chantaje; defraudación cometida mediante el uso de tarjeta de débito ajena; resistencia a la autoridad y lesiones leves dolosas.
En tanto también en la mañana de la víspera, se desarrolló una audiencia de medidas cautelares a cargo de la Jueza Fortunato. En la ocasión la fiscal Fabiana Bertero le solicitó la prisión preventiva sin plazos para un joven identificado como Franco C., de la ciudad de Sunchales, quien estaba acusado por la representante del MPA como presunto autor de un hecho de Abuso de arma y portación ilegítima de arma de fuego de uso condicional, ocurrido el pasado domingo en la ciudad de Sunchales cuando el acusado, efectuó disparos contra una persona y una vivienda. Luego del ataque el individuo se presentó en la Comisaría Nº 3 para quedar detenido haciendo entrega del arma utilizada.
Tras escuchar a las partes la magistrada ordenó la libertad del encartado bajo el cumplimiento de medidas alternativas y, al dar su fundamentación oral, Fortunato indicó que si bien no existían dudas respecto de la autoría del hecho por parte del imputado y también sobre el abuso y la portación, consideraba que no se cumplimentaban los otros dos requisitos del Art. 220 del Código Procesal Penal que hacen mención al entorpecimiento probatorio y al riesgo de fuga.
Por otra parte la Jueza indicó que el acusado tiene fuerte arraigo en la ciudad de Sunchales; está en pareja, trabaja y además, no cuenta con antecedentes de ningún tipo, por lo que lo instó a fijar domicilio; a no acercarse ni mantener ningún tipo de contacto con las víctimas y a no poseer ni portar armas.
