El Gobierno derogó un decreto de Macri sobre política migratoria

El Gobierno derogó un decreto de la presidencia de Mauricio Macri sobre política migratoria, al entender que esa norma "resulta irreconciliable con la Constitución y el sistema internacional de protección de los derechos humanos", medida que fue respaldada por Amnistía Internacional (AI) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El decreto 70/2017 de Mauricio Macri imponía controles más estrictos en las fronteras argentinas en 2017, con el objetivo de frenar el ingreso de delincuentes extranjeros que tuvieran antecedentes penales.
El Decreto 138 publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Alberto Fernández y los ministros de su Gabinete deroga el Decreto 70/2017, que modificó aspectos de la Ley 25.871 que establece el régimen de la política migratoria.
Varios de los dirigentes de la oposición reaccionaron rápidamente y con mucha dureza tras conocer la decisión del Gobierno. Eligieron las redes sociales para expresar su repudio. Patricia Bullrich, exministra de Seguridad de Macri y presidenta del PRO, fue contundente en Twitter: "El Presidente le manda un mensaje a los delincuentes y a los narcos. Al gobierno no le alcanzó con liberar presos propios. Ahora, pretende que personas con antecedentes puedan entrar libremente a delinquir en nuestro país. Nosotros lo impedimos con un decreto. Ellos lo derogaron".
Rogelio Frigerio, exministro del Interior de Macri, fue otro de los referentes de Juntos por el Cambio que salió con los tapones de punta en la misma red social: "El gobierno sigue retrocediendo. Con la derogación de este decreto que impulsamos desde el Ministerio del Interior y Migraciones en 2017, lo único que hace el Presidente es favorecer el ingreso irregular al país del crimen organizado, delincuentes y narcos". En otro tuit agregó: "El decreto 70/2017 aceleraba los procesos de expulsión de extranjeros con antecedentes penales, reduciendo plazos y eliminando instancias, respetando todas las garantías reconocidas internacionalmente (doble instancia, revisión judicial efectiva y patrocinio letrado)".
El hilo lo continuó con más cuestionamientos: "En consecuencia, aumentaron significativamente las cifras de expulsiones. Por medidas como ésta, bajaron durante los cuatro años de nuestro gobierno todos los índices delictuales. Argentina, por tradición, siempre fue un país abierto a la inmigración. En nuestra gestión radicamos casi 800 mil extranjeros. Lo único que genera el gobierno derogando este decreto es abrirle las puertas al crimen organizado".
Otro referente de Juntos por el Cambio, el vicejefe del Gobierno porteño, Diego Santilli, consignó en Twitter: "Es incomprensible. En vez de pensar en la gente derogan el decreto que impedía el ingreso al país de extranjeros con antecedentes. El que viene a hacer daño, matar o robar no puede quedarse en la Argentina".
Jorge Macri, el primo del expresidente y actual intendente de Vicente López, también se sumó a las objeciones opositoras. "Hace un año liberaron a los presos y ahora dejan entrar delincuentes y narcos. Una vez más el gobierno le da la espalda a los argentinos decentes. Este no es el país en el que queremos vivir", escribió.
En tanto, el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Alex Campbell, sostuvo: "El Kirchnerismo envía, nuevamente, un mensaje de impunidad a los delincuentes. Con @mauriciomacri @mariuvidal enfrentamos a las mafias, el narcotráfico e impedimos por decreto el ingreso de delincuentes con antecedentes. @alferdez quiere q ingresen libremente a delinquir al país". Además, presentó ante la Cámara de Diputados bonaerense un proyecto de declaración repudiando la abolición del decreto.
El gobierno de Alberto Fernández le puso punto final a la política migratoria de la gestión de Mauricio Macri mediante la cual se impusieron controles más estrictos para evitar el ingreso de delincuentes extranjeros y se agilizaron los trámites de expulsión de inmigrantes con antecedentes penales. En enero de 2017, Macri y su gabinete habían firmado el Decreto 70 que modificó la Ley de Migraciones. Amparándose en la definición de que cada Estado tiene "la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales", se creó un "procedimiento migratorio especial sumarísimo" para negar el ingreso y expulsar a delincuentes extranjeros con mayor agilidad. El argumento en ese entonces radicó en "la duración de los procesos administrativos y judiciales" y en el incremento de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario que en 2016 alcanzó al 21,3% de la población carcelaria total, pero que al analizar la cantidad de personas detenidas por narcotráfico, la cifra de inmigrantes subía al 33% en aquel año.
La norma estableció también la prohibición de ingreso a las personas que presenten documentación falsa u omitan informar sobre sus antecedentes penales; los que cumplan condena o tengan antecedentes -tanto en Argentina como el exterior- "por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad" o "delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas". La prohibición de ingreso se extendió a quienes estuvieron involucrados en actos de terrorismo, crímenes de guerra, de lesa humanidad o promuevan la prostitución. Además, las mismas causas podían ser utilizadas para cancelar las residencias que se hubiesen otorgado "cualquiera fuese su antigüedad".