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La Fiscalía pidió 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para CFK

La acusaron como jefa de una asociación ilícita y como autora del delito de "administración infiel en perjuicio de la administración pública".

Nacionales 23 de agosto de 2022 Redacción Web Redacción Web
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Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron este lunes la pena de 12 años de prisión para la vicepresidente, Cristina Kirchner, como presunta autora penalmente responsable de los delitos de jefa de una asociación ilícita y administración infiel en perjuicio del Estado por la adjudicación de obra pública a la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
El pedido incluye la inhabilitación perpetua para volver a ejercer cargos públicos. La Fiscalía también solicitó el decomiso de todos los bienes que fueron objeto de la investigación -más de $ 5.000 millones- y reclamó que sean destinados a "instituciones de bien público". "El Estado de derecho fue arrasado por la acción ilegal de los imputados", proclamó Luciani, que reivindicó el rol que le cupo a él y a su equipo de trabajo: "Los fiscales y los jueces son la última esperanza de terminar con estas prácticas", expresó.
"Hoy más que nunca la sociedad reclama justicia y ustedes, señores jueces, son los encargados de dar a cada uno lo que corresponde", dijo el fiscal Luciani, quien aseguró que una sentencia ejemplar puede ser el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones. 
Luego añadió: "Nuestro único objetivo fue buscar la verdad. Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia. Y ustedes tienen la decisión".
En su tramo final de las nueve jornadas del alegato, consideró que "el orden público ha sido trastocado por funcionarios públicos de alta jerarquía" y que la trama de corrupción por la que acusó es la "mayor de la historia". Como medida adicional a las penas y la inhabilitación, el fiscal reclamó el decomiso de todos los bienes de las empresas del Grupo Austral y de todas las estancias del empresario Lázaro Báez y sus allegados.
Con relación a Báez, los fiscales Luciani y Mola pidieron 12 años de prisión por considerarlo autor responsable del delito de asociación ilícita y partícipe primario responsable del delito de corrupción fraudulenta. En tanto, para Julio De Vido (ex ministro de Planificación Federal),  José Francisco López (ex secretario de Obras Públicas) y Nelson Periotti (ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad) solicitaron 10 años de prisión e inhabilitación de ejercer cargos públicos por considerarlos autores del delito de asociación ilícita.
La Fiscalía también pidió 6 años para Mauricio Colladera y Raúl Daruich, ambos de la Dirección Nacional de Vialidad del distrito de Santa Cruz y la misma pena para Juan Carlos Villafañe, de la repartición provincial. Solicitaron, además, 4 años para Abel Fatala, entonces subsecretario de Obras Públicas; 5 años para Raúl Pavesi, otro ex titular de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP), y 4 años para José Raúl Santibáñez, que era presidente del directorio del mismo organismo. Para Héctor Garro, ex presidente de la dirección de Vialidad Provincial, los fiscales reclamaron la pena de 3 años y de 2 años para Carlos Kirchner, ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal.
Los funcionarios judiciales también demandaron ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 (TOF 2) el decomiso de $ 5.321 millones, monto en el que -según estimó su par Mola- se defraudó al Estado. Además, pidieron que se extraigan testimonios (impulsen nuevas investigaciones) sobre las empresas que -de acuerdo con su concepción- contribuyeron a favorecer las maniobras de adjudicación irregular a las firmas de Báez que consolidaron el delito reprochado. Solicitaron, a su vez, que se investiguen eventuales delitos que pudieran surgir de la información obtenida de los teléfonos de López, donde aparecen menciones al diputado del Frente de Todos, Máximo Kirchner, hijo de Cristina y actual presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense.
Antes de que el fiscal Luciani anuncie el pedido de penas, expresó que no encontraba "un solo atenuante" debido a la "magnitud" de los delitos investigados, "su poder de dirección", la "extensión del daño" y el "lucro personal" que persiguió, supuestamente, la vicepresidente.
Finalmente, le contestó al presidente Alberto Fernández, a quien le atribuyó una "injerencia indebida" sobre el Poder Judicial. En ese sentido, le refutó la afirmación de que las decisiones políticas de gobierno no son judiciales y le respondió: "Todos los actos del Poder Ejecutivo son revisables por el Poder Judicial".
Además, le recordó que cuando fue jefe de Gabinete de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner "renunció al cargo de jefe de Gabinete fue lo que estaba ocurriendo con la obra pública en Santa Cruz".
En cambio, ahora varió y omitió aquella postura "para defender puerilmente a su compañera de fórmula". Luciani cerró su alegato casi en tono político, condenando la corrupción y asegurando que si se hubiera evitado la trama delictiva que le reprocha al ex matrimonio presidencial "los sectores más vulnerables" tendrían una calidad de vida mejor. 

Cristina pidió ampliar su declaración

La vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner, pidió ampliar su declaración indagatoria en la causa Obra Pública para el día de mañana ante el tribunal oral que la juzga por los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita.
El sorpresivo anuncio de la principal imputada generó un debate jurídico sobre si está habilitada para ampliar su declaración indagatoria en esta etapa del juicio, lo que -en definitiva- deberá ser resuelto por el tribunal integrado por los jueces Fabián Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini.
No obstante, la opinión mayoritaria de juristas consultados por NA coincide en que la vicepresidente no está habilitada para ampliar indagatoria en esta instancia, aunque puede participar del alegato de su defensa y explayarse en sus consideraciones cuando sea el turno de las "últimas palabras" antes del veredicto.
"Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de (Javier) Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas", advirtió la ex jefa del Estado.

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