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Con estricta mayoría, el Senado aprobó la reforma del Consejo de la Magistratura

La iniciativa fue aprobada por 37 votos a favor y 33 en contra; ahora el proyecto deberá ser discutido en la Cámara de Diputados, donde Juntos por el Cambio buscará frenarlo o introducirle modificaciones.

Nacionales 08/04/2022 Redacción web Redacción web
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Tras más de cinco horas de discusión, y con ayuda de dos aliados clave, el oficialismo del Senado le dio media sanción, con modificaciones, a la reforma del Consejo de la Magistratura que eleva de 13 a 17 los miembros del Consejo de la Magistratura y no incluye a ningún representante de la Corte Suprema, el principal punto de los cruces con la oposición.
La sesión originalmente estaba prevista para la semana pasada, pero el oficialismo debió dar marcha atrás porque no le alcanzan los votos. El texto necesitaba mayoría absoluta -37 votos afirmativos entre los 72 senadores. Lo consiguió con lo justo. Votaron a favor los 35 diputados del Frente de Todos y dos aliados: la misionera Magdalena Solari Quintana y el rionegrino, Alberto Weretilneck, que forzó cambios para garantizar su apoyo.
En contra hubo 33 votos de Juntos por el Cambio y de la cordobesa Alejandra Vigo, que responde al gobernador Juan Schiaretti. Consideraron que el proyecto es "inconstitucional" porque el artículo 114 de la Carta Magna señala que el Consejo debe contar representación de los jueces de "todas las instancias" y que eso incluye al Máximo Tribunal.
"Este proyecto va a volver a estar hackeado con planteos judiciales de inconstitucionalidad”, advirtió la tucumana Beatriz Avila, de JxC.
La Cámara de Diputados ahora tiene menos de una semana si pretende convertirlo en ley a tiempo; una misión prácticamente imposible porque, al menos así como está, la iniciativa no cuenta con los votos suficientes.
El fallo del Máximo Tribunal -que declaró inconstitucional la reforma de 2006- ordenó que ​si antes del 15 de abril no existe una nueva ley, el Consejo debe volver al sistema anterior, cuando regía la ley de 1997. Eso significa una integración de 20 miembros, con el titular de la Corte Suprema como presidente también del Consejo.
Pero para adecuarse a eso, el Consejo tiene que sumar siete consejeros más y tampoco llega con los tiempos. Por eso, tanto en el oficialismo como en la oposición, reconocen que la situación caerá en un "limbo" y que hay riesgo de "parálisis" en su funcionamiento.
El debate estuvo atravesado por la discusión sobre el rol de la Corte.  
La sesión empezó caldeada por los reclamos cruzados entre el oficialismo y la oposición, sobre lo consensuado en la reunión de Labor Parlamentaria. El radical Luis Naidenoff se quejó de que la tanda de homenajes se había abierto a temas fuera de lo "acordado". El jefe de bloque del Frente de Todos, José Mayans, le respondió que no estaban en condiciones de reclamar y les reclamó que ellos no habían dado quórum y ni habían avisado. "No pidan acuerdo, porque acordar quiere decir otra cosa. Si fueron a Labor tienen que dar quórum, si definimos un temario, tienen que asistir", reprochó el formoseño.

Los cambios agregados

La iniciativa había sido enviada por el Ejecutivo en diciembre, pero quedó freezado por las internas dentro del Frente de Todos. Recién después de la votación del acuerdo con el FMI se puso en discusión.
En el debate parlamentario el texto sufrió modificaciones para sumar el apoyo del aliado clave, Weretilneck, que reclamaba la "federalización" del Consejo.
Se estipuló que los cuatro jueces y los cuatro abogados que formen parte de la magistratura sean elegidos uno por cada región del país: AMBA, Norte, Centro y Sur del país.
Además se anunció la puesta en marcha de una quinta comisión, de "Asuntos Federales", integrada por cuatro senadores, como consejeros ad honorem, y aunque no van a tener voto para el proceso de designación de jueces o funcionarios judiciales, podrán "opinar, evaluar o analizar" los candidatos para las jurisdicciones del interior.
También el Frente de Todos incorporó el pedido del senador oficialista, Edgardo Kueider, para dar de baja el requisito que señala que los representantes de los legisladores deben ser abogados para ser consejeros. Fuente: Clarín.

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