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“La desigualdad es ineficiente”: Inflación, el contexto internacional y la seguridad alimentaria

Las condiciones globales hacen que se deban repensar políticas que mejoren la economía y las acciones sociales para el acceso a los alimentos. La pandemia y la guerra afectaron a millones de personas en el continente, un hecho que no se resuelve con presiones sobre programas de precios fijos, sino multiplicando la producción.

Agro 30/03/2022 Redacción web Redacción web
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Estos son días de gran tensión, en los que la suba de la inflación al 4,7 por ciento en febrero respecto a enero, con un acumulado del 52,3 por ciento interanual, volvió a poner en foco al campo argentino, más que antes y con definiciones políticas que no mejorarán las condiciones económicas, pero que sí deterioran el ánimo no sólo en el sector agropecuario.

Mientras el Gobierno Nacional intenta repetir medidas que no dieron resultados en el pasado, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina publicó su índice trimestral sobre cuánto de la renta agrícola queda en manos estatales.

 
Respecto al último trimestre del año pasado, el número creció 1,7 puntos porcentuales, con lo cual existe una participación de 64,9 por ciento para el promedio ponderado por cultivos, esto se entiende de la siguiente manera, por cada cien pesos de renta que genera una hectárea, $64,90 se va en impuestos.

En cada uno de los cultivos la participación del Estado en la soja es del 69,9%, maíz 56,1%, trigo 58,5% y girasol 56,2%.

En este contexto Nicole Pisani, economista de FADA, agrega que “aún con la importante suba de precios, pesaron más los menores rindes esperados como consecuencia de la sequía, los mayores costos de producción y el atraso del dólar oficial respecto a la inflación, por esto la suba del índice en relación al índice pasado”.

 
Con el correr de las semanas y la guerra entre Rusia y Ucrania, la incidencia de mayores precios en los fertilizantes llega al 170 por ciento de aumento en la úrea y 155 punto en el PDA.

A esto se agrega la decretada suba de los derechos de exportación de harina y aceite de soja, de 31 a 33 por ciento, “que hace que baje el poder de compra de la industria en U$D 15 por tonelada, por lo que el precio pagado al productor será menor”.

A esto se añade una cosecha más recortada por cuestiones climáticas, al tiempo que el costo de la cosecha se incrementó 68,4% en pesos en los últimos 12 meses, mientras que el tipo de cambio oficial sólo subió 19,3%. El costo se incrementó 41,2% en dólares, más de lo que subieron los precios internacionales de los granos. En los fletes es incluso mayor la diferencia porque aumentaron 47,5% en dólares en el último año, añadido a la baja disponibilidad de contenedores en nuestro país, respecto a la distribución global.

 
La estrategia del Gobierno Nacional de seguir presionando a las empresas a congelar precios y afectar a los productores, va en contra del aprovechamiento de oportunidades internacionales y de la generación local de mano de obra en las economías regionales.

Seguridad alimentaria
Las variables confluyen en una situación que contradice las intenciones del Gobierno, de mejorar el acceso a los alimentos, sobre todo en la población más vulnerable.

No son los precios los culpables de todo esto, sino el contexto sin control en cuanto a la economía. Se debe trabajar en la promoción de los empleos, en la multiplicación de la mano de obra en las diferentes economías, que hoy con las ayudas sociales compiten con el sustento tradicional de las personas.

Precisamente, a pocos días de terminar su mandato como secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena explicaba en una conferencia reciente que “la desigualdad conspira contra la recuperación, contra el desarrollo, la nutrición, salud, educación, empleo, pobreza, contra todo. Por eso debemos abordarla desde todas sus caras”.

Repasando el panorama del estado económico, social y ambiental de Latinoamérica tras la crisis derivada de la pandemia de COVID-19 y sus perspectivas de recuperación.

 “No se puede crecer sin igualdad, porque la desigualdad es ineficiente. La pandemia aumentó la pobreza, el desempleo y la informalidad afectando especialmente a las mujeres. En nuestra región, la fábrica de la desigualdad es la heterogeneidad productiva, las brechas estructurales, baja innovación, inversión y productividad. La desigualdad define a la región, es injusta, ineficiente y conspira contra el desarrollo sostenible”, enfatizó.

Por eso las soluciones temporales, superficiales no son más que una multiplicación de los problemas de los menos beneficiados, ya que los niveles de pobreza y pobreza extrema en 2020 aumentaron por sexto año consecutivo. En 2021, a pesar de la recuperación, se proyecta un retroceso total de 27 años con aumento de la pobreza extrema y el riesgo de hambre, alcanzando a 86 millones de personas.

Por su parte, el subdirector General y Representante Regional para América Latina y el Caribe de la FAO, Julio Berdegué, entrevistado en el programa Campo Minado de Radio Colonia, remarcaba que “desde antes de la guerra venían aumentando el precio de la energía, el petróleo, el gas natural y eso impacta de manera directa en los precios de los alimentos. Después de la pandemia hubo muchos problemas en reorganizar la logística mundial y también influyeron muchos eventos climáticos como sequías e inundaciones en grandes zonas productivas, ustedes incluso en Argentina no la han pasado bien”.

“La guerra es una alteración mayúscula a las condiciones de las cadenas de trigo, maíz, fertilizantes y aceites vegetales”, por las dificultades a futuro para Ucrania y Rusia en la campaña que viene, tanto para la siembra, la cosecha, como la comercialización de los productos. Los grandes demandantes de alimentos, como China, debe reacomodar sus estrategias alimentarias.

Berdegué analizó que todas estas variables de alza de precios “impactan de manera directa en los bolsillos y la economía de los hogares más pobres y más vulnerables”. La tendencia en América Latina había mejorado entre 2000 y 2014 respecto al hambre, sin embargo, a partir de 2015 los parámetros volvieron a empeorar. “La pandemia fue una bomba atómica para la seguridad alimentaria. Tenemos al 41 por ciento de la población de América Latina y el Caribe, unos 267 millones de personas,  en situación de inseguridad. Fueron 60 millones de personas las que se sumaron en 2020 con la pandemia a esta situación”.

Lo que había empezado a ser una recuperación, con el aumento actual de precios se sigue dando un “importante impacto”.

“En este momento tenemos un escenario moderado con 7,6 millones de personas que están en riesgo actual con los aumentos, que de continuarse en el tiempo podrían llegar a 13 millones de personas.

Finalmente el funcionario reconoció que “en los niños la condición de hambre les marca el desarrollo para siempre, es una tragedia infinita”, por eso “llegó el momento de entender que tenemos que tener sistemas que aguanten más los golpes imprevistos, tenemos que invertir en resiliencia”, para evitar que más gente se aleje de una alimentación segura y constante.

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