Este martes, la Provincia firmó el decreto de Emergencia Agropecuaria desde el 1 de enero hasta el 15 de marzo del 2022.
Agro 18/01/2022
Redacción Web
Luego de la reunión de ayer de la Comisión de Emergencia Agropecuaria, donde se recomendó al gobierno provincial que disponga la emergencia en el sector productivo de los 19 departamentos por los efectos de la sequía, el gobernador Omar Perotti firmó el decreto correspondiente estableciendo la emergencia desde el 1 de enero hasta el 15 de marzo de este año.
El gobierno provincial declaró el estado de emergencia agropecuaria por seis meses en Santa Fe, a raíz del impacto de la sequía en la producción agrícola y ganadera. Esta declaración sería homologada a nivel nacional el viernes, lo que permitiría a los productores presentar las declaraciones juradas informando los daños a sus explotaciones a partir de la semana próxima. Es el paso para recibir los diferimientos impositivos dispuestos en la ley provincia y los fondos de ayuda por parte de la Nación.
La decisión se tomó al cabo de la reunión de la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria, de la que participaron las entidades agropecuarias de la provincia, el Inta, el Senasa y los presidentes de las comisiones de Agricultura de las cámaras provinciales de Diputados y Senadores. “Fue una reunión muy buena, en la que se analizó la situación climática y el impacto productivo, se estableció un mecanismo ágil de adhesión a la emergencia y también se trabajó en el mediano y largo plazo, ya que hubo consenso para impulsar un proyecto de nueva ley de emergencia, que contemple un seguro agrícola”, señaló el ministro de Producción de Santa Fe, Daniel Costamagna, al cabo del encuentro.
En términos de poner operativa la ayuda a los productores afectados por la falta de precipitaciones, se declaró la emergencia en toda la provincia y se dispuso que a través de una app del ministerio, los afectados pidan su inclusión, acompañando la solicitud con una declaración jurada firmada por un ingeniero agrónomo o un veterinario.
El fin de semana, durante una recorrida por Santa Fe y Entre Ríos, el ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, anunció que se ampliará el Fondo de Emergencia Nacional, de $ 500 millones a $ 12 mil millones. El viernes próximo se reunirá la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria, donde se recibirán las declaraciones provinciales para su eventual homologación.
Costamagna explicó que en la reunión hubo consenso para que la ayuda que llegue de la Nación (“intentaremos que sea la mayor posible para Santa Fe”, dijo) sea distribuida en la provincia a través de las agencias de desarrollo. Se volcarían a través de préstamos a un año a tasa cero que conformen un fondo rotatorio, de modo de generar un flujo permanente de recursos para asistir a los productores en situaciones de emergencia.
En la coyuntura, el primer desafío es ayudar a los productores a resembrar maíz, ya que el cultivo más afectado por la sequía con la que empezó el año. A raíz del daño ocurrido, el maíz temprano se está picando actualmente para reserva forrajera. El impacto de la falta de lluvias y las altas temperaturas pega en el mediano plazo en la ganadería ya que afecta las pasturas y complica la alimentación con maíz. Por eso urge contribuir a una mayor siembra tardía del cereal.
Mientras tanto, algunos lotes de soja mejoraron con las lluvias que se produjeron desde ayer, que oscilaron entre los 20 mm y los 50 mm. “No llegaron al Norte de la provincia, aunque los pronósticos hablan de una inestabilidad climática y precipitaciones”, indicó Costamagna.
Uno de los aspectos que destacó el ministro de Producción fue el consenso alcanzado para avanzar en un proyecto de reforma a la ley de emergencia agropecuaria, que contemple un seguro agrícola, que minimice el impacto económico de los efectos climáticos en el agro. El tema arrastra una larga discusión en el sector y, a pesar de que hubo varios intentos de avanzar, hasta ahora no hubo avances definitivos. Asegurar la masividad de la contratación del seguro y un subsidio estatal para la prima (podría ser utilizando parte del inmobiliario rural) serían parte de los esfuerzos a realizar para que el sistema pueda funcionar. “No puede ser que teniendo a las principales aseguradoras del país con sede en Santa Fe, no podamos construir este sistema de prevención y protección” .
Fuente: La Capital
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