"Todo esto es al menos esquizofrénico"

La Fundación Barbechando, una ONG que sigue la actividad legislativa en el Congreso de la Nación vinculada al agro, fijó posición sobre el proyecto de ley para impulsar las inversiones y exportaciones en la agroindustria, con duras críticas hacia el Gobierno.
En primer término, Barbechando hizo foco en el nombre completo de la iniciativa –Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador– y dijo que no generará ninguno de estos objetivos expresados.
De acuerdo con esta entidad, el proyecto:
No es federal. Porque se aplica directamente a impuestos coparticipables, como Ganancias o IVA, lo que empobrece aún más a las provincias, ya que disminuye sus recursos. En cambio, no se modifican las retenciones, que no se coparticipan.
No es inclusivo. Porque el 80 por ciento de los productores son micropymes y pymes a las que les sería casi imposible hacer los trámites que le permitan acceder al beneficio. "Es más fácil mejorar sus precios quitándole derechos de exportación que someterlos a más trámites para devolverles algo que sabemos que el estado nunca devolverá", subrayó Barbechando.
No es sustentable. Porque se plantea un horizonte de vigencia de cuatro años, lo que "lo hace coyuntural y hasta electoralista, pero no sustentable", afirmó la ONG.
No es exportador. Porque "el único camino del incentivo exportador es trabajar en un plan para eliminar los derechos de exportación. Esto ya está demostrado, no querer verlo es no querer exportar y no querer exportar es seguir socavando las fuentes genuinas de inversión y empleo", continuó la entidad.
En esta línea argumental, Barbechando también consideró altamente contradictorio, y hasta "esquizofrénico", que el Gobierno impulse una iniciativa de este tipo, mientras mantiene las exportaciones de carne vacuna restringidas y pretende aumentar su potestad de aumentar las retenciones a discreción.
"¡Estamos desconcertados! El mismo día que se presenta una ley para fomentar las exportaciones, se tienen las exportaciones de carne semicerradas, los derechos de exportación en su límite máximo, se define que la carne, el maíz y el trigo son un bien público cultural, se manifiesta la necesidad de regular exportaciones. Es más confuso aún, cuando el Poder Ejecutivo solicita al Congreso, en la Ley de Presupuesto, ampliar las facultades delegadas para el manejo discrecional de los derechos de exportación. Todo esto es al menos esquizofrénico", remarcó Barbechando.

Más críticas

Del mismo modo, el contador y productor Mariano Echegaray Ferrer, publicó una columna de opinión en la que analizó por qué los supuestos incentivos que promueve la ley agroindustrial no funcionarán.
Según Echegaray, este proyecto es "una nueva puesta en escena con un desenlace cantado: solo gana el Estado". Consideró el título "pomposo" que le puso el Gobierno a la iniciativa "rememora a aquella comedia romántica de William Shakespeare que se transformó en una frase popular: mucho ruido y pocas nueces.
"Para quienes entienden de la producción y viven de ella, es una idea con gusto a poco, que genera más ganas de bostezar que de aplaudir. Y más de uno probablemente les arrojaría a los actores –los funcionarios– un ‘tomatazo’", metaforizó.
A grandes rasgos, el experto subraya por ejemplo que el beneficio de la amortización acelerada de inversiones a través del impuesto a las ganancias "no genera un incentivo para adquirir bienes que tengan un plazo de amortización igual al del beneficio".
Asimismo, plantea ahorros anuales de ese tributo que son muy bajos como para tentar a las empresas agropecuarias a realizar grandes inversiones que además, a la larga impactarán en un mayor pago del impuesto a los bienes personales. Es decir, se licúa el beneficio.
Otro de los beneficios que no asoman muy atractivos es la devolución de saldos técnicos de IVA por compra de bienes de uso. Sucede lo mismo que ya está sucediendo en la actualidad con muchas empresas que tienen saldos a favor y no logran recuperarlos: "El inconveniente del mecanismo de devolución es la implementación del sistema, que se limita a una solicitud anual y sujeta a disponibilidad de cupo para su asignación", mencionó Echegaray.
Pero hay otro factor que juega en contra de este beneficio: las sanciones. Los sujetos que incumplen en la aplicación de la devolución, a través de un incremento de mayor débito fiscal en el plazo de cinco años desde su asignación, generan una multa del 100 por ciento del monto más los intereses que se generaron desde su devolución. El resultado es que este mecanismo es muy poco utilizado en la práctica.
Por último, el régimen de fomento también promueve la creación de un certificado de crédito fiscal para quienes inviertan en el uso de semilla fiscalizada, en la aplicación de fertilizantes y en el incremento de la productividad en el caso de ganadería vacuna.
Según Echegaray, es el mejor beneficio que tiene el proyecto, pero será asignado mediante un cupo fiscal establecido en la Ley de Presupuesto General para la Administración Nacional y distribuido considerando los criterios y las condiciones que establezca la autoridad de aplicación. Es decir "queda sujeto a una gran discrecionalidad y burocracia, no sólo para acceder sino también por sus montos".
Al respecto, el contador recordó como antecedente negativo inmediato el sistema de compensaciones a pequeños productores de soja que la mayoría de los agricultores nunca cobró el beneficio.