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Senadores piden convocar al Consejo de Seguridad

Por unanimidad la Cámara alta santafesina aprobó un proyecto de comunicación del radicalismo.

Sucesos 17/09/2021 Redacción Redacción
senado santa fe

La Cámara de Senadores pidió al gobernador Omar Perotti que convoque al Consejo de Seguridad, al aprobar una comunicación promovida por la oposición que fue votada por todos los bloques del cuerpo.

Sin debate, sobre tablas y tras algunos comentarios entre los legisladores sobre las Paso y sus ganadores (entre ellos el senador por Rosario Marcelo Lewandowski que se impuso en la interna del PJ), lo senadores aprobaron sin disidencias una minuta presentada por el representante por San Justo, Rodrigo Borla.

El texto plantea la necesidad de que el gobierno habilite la participación de entidades intermedias ciudadanas ante la grave situación y no se ahorra en sus fundamentos observaciones sobre los problemas que enfrentan los santafesinos.

Además, durante la sesión de este jueves 16 de septiembre, en el momento de las manifestaciones dos integrantes del bloque Juan Domingo Perón (PJ-Nes), formularon críticas a la gestión en materia de seguridad. Rubén Pirola (Las Colonias) advirtió que en la localidad de Grutly en su zona rural, hubo una seguidilla de robos que incluyeron graves hechos de violencia y amedrentamiento a productores y tamberos. Expuso los casos, y mencionó los apellidos de las familias afectadas al tiempo que pidió «no nos acostumbremos a las estadísticas, a pensar en que solo hay números, detrás de estos problemas tan serios están nuestros conciudadanos de toda la provincia».

Un indubitable «No estamos conformes» cerró su exposición, en la que antes había asegurado que le consta que «el gobernador está preocupado» y sabe lo que ocurre.

En igual dirección y preocupado porque la inseguridad necesita de infraestructura y de recursos humanos para enfrentarla, Joaquín Gramajo (PJ-Nes-9 de Julio) destacó que es «deplorable» el estado del edificio de la Unidad Regional 12 de la Policía de Santa Fe, en la cuidad de Tostado. Porque hay peligro de derrumbe está cercada la comisaría y aún bajo esas condiciones debe trabajar el personal policial allí. El representante norteño pidió acelerar las tareas para su reparación.

En tanto, el texto propuesto por Borla que presentó el jefe del interbloque radical Felipe Michlig, advierte que «el gobernador debe poner en macha el consejo que integran ministros de su gabinete y legisladores de la oposición y el oficialismo» ante «este flagelo que tiene en vilo a toda la ciudadanía» y que «nos ocupa a todos y más aun a los que ocupamos cargos y tenemos la obligación de velar por la integridad de nuestros vecinos».

Recuerda que el Consejo Provincial por la Seguridad es una instancia de consulta, propuesta y contralor de carácter permanente constituido por personas físicas y por representantes de organizaciones no gubernamentales; organizaciones sindicales; instituciones educativas; fuerzas de seguridad; agencias privadas de seguridad e integrantes de los Ministerios de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, de Desarrollo Social, de Educación y Salud; con la finalidad de profundizar el estudio de la situación de inseguridad entendida de forma interdisciplinaria y proponer acciones tendientes a disminuirla. Pueden participar como invitados los presidentes de las Comisiones con incumbencia en materia de Seguridad del Senado y Diputados. (En la Cámara alta, el presidente es precisamente el senador Borla que impulsó el pedido).

«Se debe convocar una reunión especial del Consejo de Seguridad y éste debe tomar medidas especiales para emprender acciones contra los hechos violentos que vienen ocurriendo en varias ciudades santafesinas durante estos últimos días», señalan los considerandos que toman nota de la abundante crónica policial.

«Al no ser convocado -advierte- se estaría demostrando una falta de actitud y de compromiso con la sociedad, sin aportar ideas ni soluciones a los problemas que aquejan a los santafesinos».

La seguridad ciudadana «se ve amenazada cuando el Estado no cumple con su función de brindar protección ante el crimen y la violencia social, lo cual interrumpe la relación básica entre gobernantes y gobernados».
 

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