Encontraron 3.656 celulares en apenas siete meses. Este miércoles está prevista una reunión en Rosario para conformar un equipo de trabajo que aborde la problemática de los celulares dentro de las cárceles. Desde los penales provinciales se planifican y ordenan graves delitos. Incorporarán inhibidores de señal de última generación.
Sucesos 18/08/2021
Redacción web
En la cárdel de Piñero, donde dos presos huyeron en carritos de supermercados y otros ocho escaparon cortando el tejido perimetral, aparecieron 1,122 celulares hasta julio de este año.
Los datos son perturbadores, pero reales: con una población total de 7.058 internos alojados en las cárceles de Santa Fe, durante los primeros siete meses de 2021 el Servicio Penitenciario secuestró 3.656 celulares ingresados de manera clandestina a los penales. Si de hacer cálculos se trata, las cifras representan prácticamente un teléfono cada dos detenidos.
Las autoridades son conscientes de la gravedad de la situación. Por ese motivo, este miércoles en la ciudad de Rosario se reúnen el secretario del Servicio Penitenciario de la Provincia, Walter Gálvez; el secretario de Seguridad, Germán Montenegro; la fiscal regional, María Eugenia Iribarren, y los fiscales de la Unidad Especial abocada a investigar casos de balaceras; con el objetivo de coordinar un equipo de trabajo que aborde la problemática de manera específica. La cárcel de Piñero, donde en mayo dos presos escaparon ocultos en carritos de supermercados y en junio otros ocho reclusos huyeron cortando un tejido perimetral, ostenta el récord de celulares secuestrados hasta julio de este año, con un total de 1.122 aparatos. En estos momentos, este penal cuenta con 2.090 presos y por el alto perfil de gran parte de los detenidos, representa el mayor de los desafíos. En este ranking aparece luego la cárcel de Las Flores, en la ciudad de Santa Fe, donde se encontraron 1.017 celulares, con una población carcelaria total de 1.249 reclusos. En esta cárcel se registra la mayor proporción de celulares encontrados con relación al número de internos: prácticamente se encontró un aparato por cada recluso. El tercer puesto fue para el penal de Coronda, con 999 aparatos secuestrados entre los 1.788 presos.
Los presos se comunican a través de internet, lo que dificulta aún más el control.
Los presos se comunican a través de internet, lo que dificulta aún más el control.Frente a este escenario, la Provincia ya firmó un acta acuerdo con el Invap y en poco tiempo se rubricará un convenio económico para incorporar tres inhibidores de señal de celulares en Piñero, Coronda y Las Flores, además de equipos conocidos como «body scanners» (similares a los que existen en los aeropuertos) en todos los penales del territorio santafesino. Según explicó Walter Gálvez a Aire Digital, la idea es instalar dos scanners en cada cárcel: uno para las visitas y otro específico para el personal del Servicio Penitenciario. En estos momentos, todos los controles para detectar el ingreso de artículos prohibidos a las cárceles se realizan de forma manual. Incluso entre los agentes penitenciarios, se controlan unos a otros. La cárcel de Piñero representa el principal problema, especialmente por el altor perfil de gran parte de los presos allí alojados. En estos momentos existe un inhibidor de señal, pero se trata de tecnología anticuada que no funciona con aparatos 4 G Y 5 G. Los nuevos inhibidores suministrados por el Invap serán de última generación. En el caso de Piñero, la idea es liberar un área específica del penal, alojar allí a los internos más peligrosos, custodiarlos con una fuerza especialmente preparada y poner en funcionamiento estos nuevos inhibidores. En la cárcel de Coronda, por ejemplo, existen viejos detectores de metales que no se utilizan. Todo indica que la inversión necesaria para incorporar tecnología a las cárceles no será desmesurada, sobre todo si se tienen en cuenta los recursos que ya se están destinando a la construcción y mejoramiento de los penales provinciales. Sólo el muro perimetral que se debe construir en Piñero representa un presupuesto estimado en los 200 millones de pesos. El ingreso de celulares a las cárceles no es un fenómeno nuevo, pero que se agrava con el paso del tiempo. Sobre todo, porque el número de internos en las cárceles de la Provincia de Santa Fe crece de manera exponencial. En 2011 había un total de 2.766 personas detenidas en establecimientos carcelarios provinciales. Pero diez años después, en 2021, la cifra asciende a 7.058 presos -459 son federales, pero están en unidades penitenciarias santafesinas-. Esto representa un aumento del 155% en el número de presos en apenas una década.
El mayor de los problemas no es la existencia de celulares dentro de las cárceles, sino el uso que los internos les dan a estos equipos de comunicación. En la ciudad de Rosario, el 5 de agosto pasado los fiscales que integran la Unidad Especial abocada a investigar casos de balaceras presentaron un informe en el que revelan que estos celulares son utilizados desde las cárceles para activar delitos tales como extorsiones, amenazas, lesiones, usurpaciones de domicilios, venta de drogas, robos y asesinatos. Las órdenes se dictan desde el interior de las cárceles, y se ejecutan en las calles de la ciudad.
Los investigadores comprueban que gran parte de los delitos más violentos en las grandes ciudades de la provincia de Santa Fe se planifican y ordenan desde las cárceles.
Los investigadores comprueban que gran parte de los delitos más violentos en las grandes ciudades de la provincia de Santa Fe se planifican y ordenan desde las cárceles.A través de escuchas ordenadas por la Justicia, los fiscales determinaron distintas modalidades para ingresar los teléfonos a las cárceles. En general, sucede durante los días de visitas y son escondidos dentro de alimentos ahuecados, artículos de limpieza con doble fondo, en coches de bebés o en preservativos que se colocan en las cavidades uterinas de las mujeres. Los preservativos también son utilizados para proteger los celulares y esconderlos dentro de los depósitos de agua de los sanitarios. Estos teléfonos poseen titularidad de líneas a nombre de otras personas, por lo general con datos falsos o adulterados, lo que dificulta la identificación del usuario del equipo. Los fiscales también detectaron que el dinero recaudado a través de las órdenes que se producen desde las cárceles con estos equipos de comunicación, suele ser utilizado para contratar sicarios y «soldaditos», como así también adquirir armas, vehículos y nuevos equipos de comunicación. Con los celulares no sólo se realizan llamadas telefónicas desde los penales, sino que también se envían mensajes a través de internet, los cuales no pueden ser captados fácilmente. Tanto los fiscales, como las autoridades del área, son conscientes de en ciertos casos este tipo de irregularidades sólo pueden producirse con la complicidad de algunos efectivos del Servicio Penitenciario.
Fuente: Aire de Santa fe
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