D4: vuelven a imputar a los exjefes de policía Rafael Grau y Omar Odriozola

Ezequiel Hernández, el fiscal del área de Violencia y Corrupción Institucional del Ministerio Público de la Acusación, volvió a imputar a los exjefes de la Policía de Santa Fe, Rafael Grau y Omar Odriozola en el marco de la que causa conocida como “D4”, que investigó fraudes al Estado por medio de reparaciones falsas a móviles policiales.
La reciente imputación se dio este jueves en la Fiscalía de Delitos Complejos, de Saavedra y General López, en dos audiencias que fueron fijadas a mitad de mañana. El primero en asistir fue Grau, que acompañado de su abogado defensor, Pedro Fontanetto (quien comparte la defensa con Miguel Ángel Pierri), se abstuvo a declarar. Seguidamente, se desarrolló la imputación contra Odriozola quien fue asistido por la abogada del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, Virginia Balanda. En su argumentación, el fiscal volvió a acusar a los exjefes policiales de haber liderado una asociación ilícita que realizaba maniobras delictivas relacionadas a la reparación y compra de repuestos para vehículos policiales. Los mismos cargos que supieron ser atribuidos en el inicio de la pesquisa que fue iniciada por el fiscal Roberto Apullán en el año 2016, que acusó a Grau como jefe de la supuesta organización. Tras el apartamiento de la causa de Apullán, el caso quedó a cargo del fiscal Hernández que además de Grau, sumó a Odriozola como parte de las maniobras delictivas que recaudaban sumas millonarias de pesos provenientes de las arcas estatales.
Sin embargo, aquella acusación que impulsó Hernández terminó siendo rechazada en julio del 2020 por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Octavio Silva, que luego de una audiencia preliminar (en donde las partes presentan las pruebas), desestimó los cargos que la Fiscalía le endilgaba a los exfuncionarios policiales. Es que para Silva, aquella imputación presentaba una “fusión de imprecisiones, mezclas e inconsistencias con las imputaciones, que obstaculizaban y pulverizan al derecho de defensa”. De hecho, el magistrado señaló que el mayor vicio de la acusación por defraudación, “estriba en la visible vaguedad e imprecisión de su formulación, que viola la garantía del derecho de defensa”, privando al acusado de la información necesaria para ejercer la misma. El fallo de Silva hizo que los fiscales revean los cargos y la acusación contra Grau y Odriozola. Ahora, casi un año después, los exjefes policiales fueron citados nuevamente a la Fiscalía del barrio Sur para ser imputados por los mismos delitos pero con una redacción distinta sobre los cargos atribuidos.

Sorpresa

La reciente imputación generó sorpresa y malestar en la defensa de Grau, ya que los letrados que asisten al exjefe habían pedido el archivo de la causa luego de que el juez Silva rechazó la acusación de Hernández. “Lo que se hizo fue reformular un poco el hecho y cambiarle algunas palabras, pero es exactamente lo mismo”, dijo a Aire Digital Fontanetto tras concluir la audiencia. “La verdad que es una barbaridad que se haya modificado el hecho y cambiado algunas palabras con el propósito de volver a acusar”, destacó el letrado.
“Esta causa debería haber terminado con el sobreseimiento de Grau después del rechazo de la acusación que se le hizo a la Fiscalía el año pasado”, cuestionó el abogado del exjefe policial que para ejemplificar la nueva imputación usó un léxico futbolero. “Esto es como haber errado un penal y decirles que lo pateen de vuelta pero que esta vez traten de no equivocarse”, sostuvo el defensor. El abogado criticó además falta de objetividad tras hacer hincapié que Grau es inocente de los cargos que se le atribuyen. “Esto es una persecución política. Rafael era un brillante funcionario policial, respetado, transparente y responsable y evidentemente molestaba”, aseguró.

Escalafones más bajos

Fontanetto dijo también que la acusación contra su defendido se basó en juicios abreviados que fueron cerrados con los integrantes de la banda que realizaron los fraudes. “Se dice que Grau era el jefe de la organización y no se pueden probar órdenes, directivas, distribuciones que haya dado él. Es todo en base a declaraciones de gente que obtuvo condenas en estado de libertad y que patearon la pelota. En este caso Grau, es una persona que va a sostener su inocencia hasta el último minuto. No va a tranzar con la Fiscalía y eso obviamente molesta”, remarcó el abogado. “Lamentablemente, el sistema de juicios abreviados se ha distorsionado y se está utilizando de manera extorsiva, muchas veces, de manera paralela a lo que sería una ley del arrepentido, que no lo es, para tratar de involucrar a otras personas”, analizó. El abogado concluyó con que la nueva imputación viola todos los derechos y garantías de los principios constitucionales. “Da bronca”, expresó el abogado que sentenció: “Grau no va a cerrar un juicio abreviado de algo que no cometió”.

Cinco años de trámite

Por la causa que tuvo su inicio en el 2016, a raíz de una denuncia del exministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, fueron condenadas un total de nueve personas que acordaron penas, cinco de ellas de cumplimiento efectivo, por medio de juicios abreviados. Uno de ellos fue Raúl Alberto Patriarca de 50 años, quien se desempeñaba como habilitado de la Jefatura provincial de la Policía, junto con Ariel Villanueva. Los otros condenados fueron José María Leiva de 53 años, quien oficiaba jefe del departamento de Logística de la Policía Provincial; Facundo José Testi de 42 años quien era el dueño y responsable tributario del comercio “T-gráfica” que era utilizado para cometer los fraudes; Rodrigo Exequiel Ruiz de 30 años, dueño del taller “Servicio Mecánico”; Andrés Daniel Soto de 41 años, chapista; Artemio Biscari de 42 años, dueño o responsable tributario del comercio de repuestos “TC Repuestos”; Noelia Biscari de 40 años, civil, dueña o responsable tributario del comercio “TC Repuestos”; y Maximiliano Edgardo Ambrosio de 38 años.