La Corte asume competencia en el litigio por las clases presenciales 

La Corte Suprema de Justicia dio este lunes el primer paso para resolver la acción declarativa de certeza presentada por el gobierno porteño en el marco del conflicto por las clases presenciales. El máximo tribunal aceptó su competencia originaria en el caso y le corrió traslado al Gobierno nacional para que conteste y aporte pruebas.
El fallo, al que accedió a este medio, fue dictado con el voto de los ministros Carlos Rosenkrantz, Carlos Maqueda, Horacio Rossatti y Ricardo Lorenzetti. Elena Highton de Nolasco se expresó en disidencia porque considera que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “no es un sujeto aforado a la jurisdicción originaria” del tribunal. Se descuenta que adoptará el mismo criterio cuando se discuta el fondo de la cuestión y no votará.
El voto mayoritario decidió además dejar sin efecto el traslado -notificación- que había ordenado la semana pasada al procurador general del Tesoro, Carlos Zannini, para que interviniera en la cuestión en virtud del artículo 11 de la ley 25.344, que especifica excepciones en el trámite de amparos y procesos sumarísimos.
Si bien la Corte no tiene plazos para expedirse, anticipó, a través de la resolución que firmaron los cinco ministros, que hará una tratamiento acelerado en los términos que permite el Código Civil y Comercial de la Nación, para que los magistrados resuelvan “de oficio” y como “primera providencia”, si “la naturaleza de la cuestión y la prueba ofrecida” lo permite.

El planteo y el fallo de la justicia local

En principio, el planteo del jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, logró un dictamen favorable de la procuradora de la ciudad Laura Monti, que ayer determinó que la Corte está facultada para entender en la presentación que realizó el Gobierno de CABA.
Tomando ese dictamen, la Corte intervino y señaló que fallará al respecto, aunque luego de que el Gobierno Nacional ofrezca, dentro de un plazo de cinco días, sus argumentos de por qué estableció en el decreto 241 que deben suspenderse las clases presenciales en el AMBA.
Otro capítulo de la judicialización de las medidas contra el Coronavirus se libró en la justicia porteña con la resolución de la sala IV de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo y Tributario, que dispuso anoche el retorno de la presencialidad educativa en la ciudad.
Ante esta decisión, la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Carlos Zannini, pidió la inhibitoria de la justicia porteña y que se mantenga la aplicación del decreto presencial.
El planteo de la Procuración fue presentado ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y recayó en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 2, cuyo titular es el juez Esteban Furnari.

Juntos por el Cambio pide que la educación sea esencial

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Albor Cantard, explicó que intentan prevenir una situación como la de CABA. En cuanto a este conflicto sostuvo que se deberá a acatar lo que defina la Corte Suprema. En ese sentido, explicó que se trata de un conflicto federal en el que debe intervenir la Corte Suprema. “La Corte se expedirá y habrá que acatar lo que definan nos guste o no nos guste, porque a algunos les va a gustar más y a otros no”, consideró.
Ante la posibilidad que la situación se replique en la provincia de Santa Fe en algún momento debido al aumento de contagios, el Legislador nacional comentó que atentos al tema desde Juntos por el Cambio enviaron un pedido al gobernador Omar Perotti para que declare a la Educación un servicio esencial.